Por: José Gregorio Vielma Mora
Hace unos meses, en este mismo espacio, me refería a los distintos modelos económicos, políticos y sociales de la República Bolivariana de Venezuela y la República de Colombia y hacía referencia a las políticas públicas de protección y subsidio a nuestra economía como un derecho del pueblo venezolano.
Nuestro modelo, tal y como está definido por nuestra Constitución, aprobada mayoritariamente por todas las venezolanas y venezolanos, es el de un Estado de Justicia Social. Es decir, nuestro Estado de Derecho tiene la obligación de procurar disminuir, hasta eliminar, la desigualdad social. Repito, es OBLIGATORIO.
Para el Estado colombiano eso no es así. A pesar de tener una joven Constitución, y una larga lucha armada por la justicia social, el hermano país es un Estado Liberal, tal vez el más definido y descarnado de América Latina, en el cual una clase dominante-propietaria tradicional es la encargada de “distribuir” la riqueza nacional. Para ellos, el mercado es una religión, su base de “libertad” y “justicia”.
Ningún gobierno neogranadino está obligado a dar educación gratuita a todos los niveles, incluido el universitario, a proveer servicio de salud gratuito a sus ciudadanos y ciudadanas y, mucho menos, construirle viviendas al pueblo, entregarle computadoras, garantizarle el acceso a Internet, por solo nombrar algunos derechos económicos y sociales que el Estado venezolano obligatoriamente debe procurar a su pueblo.
Ellos sólo se preocupan por mantener una línea creciente de la inversión privada, un crecimiento de sus exportaciones –por cierto muy mermada por el TLC en estos últimos años- y todos aquellos indicadores macroeconómicos que le funcionan a esas sociedades marcadamente desiguales para salir descaradamente ante el mundo a proclamar “salud económica” mientras millones de sus nacionales buscan en Venezuela esos derechos negados en su propia Patria.
Cuando la Canciller Ángela Holguin, afirma que la política de subsidios de nuestro gobierno bolivariano es la causa del contrabando produce, sin duda, una profunda indignación. Se olvida esa vocera del gobierno de Santos que casi 6 millones de colombianos y colombianas disfrutan de esos subsidios. Pero no es extraño, al fin y al cabo, es el mismo olvido y desprecio de los políticos neoliberales latinoamericanos por sus pueblos, colombianos a la cabeza. Ahora resulta que subsidiar los bienes de primera necesidad para que el pueblo, por mandato constitucional, tenga acceso a ellos, es una política equivocada y la causa de delitos. ¡Qué barbaridad!.
Para conocimiento de la Canciller colombiana nuestra política de subsidios no es nueva. Eso sí, se profundizó y consolidó con la Revolución Bolivariana, se hizo Constitucional. Porque el Estado, en la República Bolivariana de Venezuela, es propietario de una inmensa riqueza petrolera y tiene la obligación de distribuirla al pueblo. No se le entrega exclusivamente a particulares para que se explote y produzca plusvalía individual como en Colombia.
La riqueza petrolera es de todas las venezolanas y venezolanos, y además la comparte solidariamente con millones de neogranadinos establecidos en la tierra de Bolívar. Eso es lo que explica fundamentalmente los subsidios venezolanos, así como explica los 3 millones de pensionados y pensionadas que cobran el salario mínimo y por qué tenemos los combustibles más baratos del mundo.
Las razones anteriormente expuestas, es la que motiva entonces 2 realidades nacionales diferentes. Explica el por qué tanto migrantes colombianos se vienen a Venezuela, huyendo del desprecio por los pobres del Estado colombiano, buscando una alternativa de vida decente y abrazados por una Patria generosa que merece el respeto del vecino.
En nuestra Constitución los derechos humanos, trasciende la lógica limitada y precaria del Estado liberal, en la cual se reduce a la mínima supervivencia del pueblo. Nuestros derechos humanos también son derechos económicos y sociales que el Estado colombiano nunca ha garantizado a su pueblo, ni siquiera los más elementales como el “derecho a la vida” y mucho menos el de la educación o la salud, cuando éstos son privados y negados a la gente de bajos recursos, por cierto numerosa y mayoritaria.
Señora Holguin, deje su “discursito neoliberal” para el deleite de toda la rancia burguesía colombiana e internacional, a la que usted le sirve y respete a este noble pueblo venezolano, del cual el Estado colombiano viene beneficiándose en forma ilegal desde hace muchos años, con la vista gorda de usted y de las mafias paramilitares creadas por su Estado neoliberal.
