Por: José Gregorio Vielma Mora
Esta semana se aprobó en la Asamblea Nacional la Ley de Producción Nacional y de nuevo la polémica política se ha encendido. No podía ser de otra forma porque lo que se está debatiendo son dos modelos de país diferentes. La presión de buena parte del pueblo que votó por los diputados de la oposición le exigía el aporte de soluciones tal y como fue su ofrecimiento electoral.
Esta ley puede analizarse desde distintas perspectivas: la política, según la cual algo debía decir la oposición en relación a su ofrecimiento de “acabar con las colas”. Demagogia pura, porque nunca se ha visto en ningún gobierno que, desde el parlamento, se legisle para gobernar. Si no tienen la competencia jurídica que le da el Estado de ejecutar políticas públicas, mal les queda elaborar una ley sin posibilidad de ejecución. Imagínense por un momento los adecos con mayoría en el antiguo Congreso Nacional, durante el primer gobierno de Rafael Caldera (1969-1974) imponiéndoles a los copeyanos en el gobierno medidas económicas.
Tal vez si hubieran respondido el llamado de Nicolás Madura al diálogo, la oposición venezolana hubiera tenido la oportunidad de aportar soluciones a esta crisis. Sin embargo optan por la demagogia barata y, tipo teatrillo se van por su lado con la “solución final”. El Gobierno nacional debe hacer énfasis en la intencionalidad política de este instrumento que la oposición quiere posicionar como la fórmula mágica contra esta crisis.
Ahora bien, desde el punto de vista económico, este instrumento –no vinculante para el gobierno- contiene aspectos que deben ser debatidos por toda la sociedad. Uno de ellos, es el tema de “regresar” las empresas al sector privado. Bajo esta premisa se quiere hacer ver que el gobierno del Comandante Hugo Chávez expropió arbitrariamente un buen número de empresas para nacionalizarlas y “quebrarlas”. Nada más lejos de la verdad.
Muchas de ellas fueron abandonadas irresponsablemente y lo que hizo el gobierno nacional fue garantizar algo que la derecha jamás ha hecho: GARANTIZAR EL CAPITAL DE TRABAJO, vale decir proteger los derechos de las trabajadoras y trabajadores de esas empresas abandonadas. Otro lote de empresas se vendieron voluntariamente al gobierno nacional y, de nuevo, se actuó con la responsabilidad social correspondiente. No se niega tampoco que otras fueron expropiadas por causa de utilidad pública y por su carácter estratégico para el país o para algún plan nacional relacionado con las misiones, como es el caso del cemento.
Por eso, el gobierno debe ofrecer información en ese sentido porque se quiere hacer creer que se actuó en contra del capital privado y la inversión. Debe denunciar por tanto a aquellos pseudoempresarios que prefirieron sacar sus riquezas del país y dejar desamparados a las trabajadoras y trabajadores. Y publicitar, por otro lado, el avance que este cúmulo de empresas nacionalizadas han tenido y los problemas que se han presentado en otras. Y por qué no, abrir espacios a la inversión privada en aquellas empresas donde con responsabilidad compartida de pueda potenciar la producción. Este gobierno no se ha negado a eso, allí está el llamado permanente de Nicolás Maduro a las mujeres y hombre de buena voluntad que apuesten por otro tipo de sociedad.
La oposición, por tanto, quiere posicionar en la opinión pública la idea que el gobierno le está “saboteando” el “gobierno de la asamblea”. Ellos no fueron elegidos para eso. Deberían estar allí, como lo hizo saber nuestro Jefe del Bloque de la Patria, Héctor Rodríguez, para aportar positivamente no para ser ni hacer gobierno.
@VielmaEsTachira
Gobernador Bolivariano del Táchira
