Bienes desvalijados, recursos desviados y otras irregularidades se siguen encontrando en los organismos del gobierno regional saliente, según denunció este jueves la gobernadora del Táchira Laidy Gómez, quien precisó que su administración no dejará pasar por alto ninguna falta que amerité sanciones administrativas, penales y civiles.
La primera autoridad regional refirió, que las declaraciones irresponsables de algunos funcionarios todavía en funciones acerca de un vacío de poder, demuestran el afán de salir corriendo para evadir la auditoria administrativa a la cual serán sometidos por esta gestión.
“Directores de organismos del gobierno anterior tendrán que responder por irregularidades, no vamos a seguir permitiendo actividades delincuenciales en contra del patrimonio del estado, no vamos a satanizar a todos porque unos actuaron responsablemente pero persiste una actitud que solo demuestra miedo al pretender salir corriendo cuando les hablamos de las auditorías”, aseveró.
Agregó que tienen que responder además por la presunta desviación de recursos, la desaparición de bienes muebles, “a mí no me vienen a amedrantar con titulares baratos para disimular su responsabilidad quienes desviaron y saquearon. Ustedes saben que detrás de esos titulares hay un gran temor, tal es el caso de Inteduca, Lotería del Táchira, Corpointa, IDT y Fundes”.
Alianzas con la empresa privada
Informó Laidy Gómez, que a partir del lunes junto con la empresa privada y las Alcaldías del Táchira, saldrá a demostrar gestión como no lo hizo el anterior gobierno.
“Durante el Consejo Federal de Gobierno llevé propuestas en materia de salud y vialidad, allí fueron aprobados para el 2018 en lo concerniente al FCI, se aprobaron 82 mil millones de bolívares, de los cuales 37 mil 600 son para la gobernación del estado son para los proyectos de desarrollo del estado”, explicó.
Sumado a esto precisó que fueron aprobados 16 mil 600 millones de bolívares por el Fonden para la operatividad de las dependencias del estado.
Asimismo, pidió la cooperación institucional entre los entes del poder público regional, tal es el caso del Consejo Legislativo Estadal de mayoría oficialista, para que se le respete la designación del procurador general del Estado con respecto a la aprobación de ley.
Agregó la gobernadora, que exigió a los órganos de seguridad que se despolitice esta función y se le entregue la policía porque con estos organismos intervenidos, no podrá garantizar el desarrollo productivo del estado fronterizo y en pocas horas tendrá reuniones con los organismos de seguridad ciudadana.
Finalmente anunció que este viernes será abonado los sueldos y salarios de los trabajadores adscritos a la gobernación del Táchira y se garantizará la cancelación de los aguinaldos.
