A las recién nombradas autoridades del Instituto de Vialidad Tachirense (IVT) les ha llamado poderosamente la atención las asignaciones para obras realizadas por la gestión anterior de este instituto, las cuales alcanzan los 92 mil millardos de bolívares para proyectos que no han iniciado su ejecución, así lo informó la gobernadora del Táchira Laidy Gómez.
Esta irregularidad administrativa fue mencionada por la Gobernadora desde la sede del IVT, durante la celebración de los 21 años de este organismo, donde acompañó a todo el personal para conocer el estado en que fue recibido este ente.
“El IVT es uno de los más importantes organismos, porque cuando hablamos de vialidad hablamos de la calidad de vida de los ciudadanos para movilizarse y también del desarrollo agrícola y productivo de la entidad”, precisó Gómez.
Recordó que con una vialidad óptima se garantiza el avance productivo de un estado, “más aún del Táchira que cubre el 37 por ciento de la producción agrícola nacional”.
Reiteró la sinceridad y sensatez de su propuesta de gobierno, al manifestar que el presupuesto del Táchira no soporta proyectos de vialidad de alta envergadura que procure un mayor desarrollo y progreso. Lamentablemente señaló que “con un presupuesto deficitario se entorpece el avance de las obras que la colectividad puede aspirar”.
Sin embargo precisó que independientemente que los recursos sean precarios en la actualidad, el presupuesto de 2018 incluye importante inversión para el mantenimiento de las vías en materia de desmalezamiento, despeje, bacheo, rayado, limpieza, alumbrado, reflectores, entre otros, que son una competencia del gobierno regional.
Así pues aseguró que esas irregularidades administrativas se están evaluando y auditando, “porque no hacerlo nos convertiría en corresponsables a nivel administrativo y si algo he pedido a mi equipo es colocarle el ojo a la ilegalidad”.
“Vamos a enfocarnos en esto. Las comunidades están sumidas en la desesperanza porque la crisis vial empeora el buen desempeño del transporte, también afecta al dueño de vehículos particulares en su calidad de vida porque el deterioro de la vialidad afecta su patrimonio”.
Aseveró que va a conformar equipos de trabajo que se pongan al servicio no de factores o sectores sino de la institucionalidad, en pro de la ciudadanía. En ese aspecto el IVT le ha dado mucho al Táchira y aquí la materia pública en vialidad debe seguir avanzando a un desarrollo óptimo.
Recalcó Laidy Gómez, gobernadora del Táchira que ha pedido a todos los directores del Ejecutivo hacer bastante énfasis en la evaluación de la administración pública a través de las auditorías.
“Alguien salió por allí diciendo que yo necesitaba una brújula porque pedí al Procurador del estado que hiciera las investigaciones. Me permito recordar que él es el abogado del Ejecutivo Regional y es parte de sus atribuciones velar porque todas estas investigaciones sean coherentes, objetivas y se puedan presentar a la Contraloría depuradas”
“Esto a los voceros oficialistas les genera incomodidad y preocupación. Yo estoy haciendo lo que me corresponde hacer y reitero mi solicitud al Procurador del Táchira para que oriente y apoye estas auditorías, las cuales podrán determinar si existen irregularidades y responsabilidades que deban llevarse a la Contraloría del estado”, agregó
