Debido a las constantes denuncias que recientemente ha recibido la Dirección de Política del Ejecutivo Regional con respecto a lasirregularidades con las que se hace cumplir el Decreto 511, que regula las normas de circulación de motorizados en la entidad, Lelis Bautista, titular de dicho despacho, hizo un llamado a la Policía del estado Táchira (Politáchira) para que se respeten los derechos de los ciudadanos.
“La Dirección de Política insta al general José Noguera, director de Politáchira, a que revise la forma en que su personal hace valer el Decreto 511, porque los alcances a favor de la colectividad -que en un principio se consideraron- no dan resultado ahora”, puntualizó.
Aparentemente el problema radica a que en algunas oportunidades los motorizados no cumplen con los estatutos de la resolución en cuestión, y los funcionarios policiales tampoco aplican la ley de la forma más idónea.
De acuerdo con lo que argumentó Bautista, falta de aplicación del Decreto 511 no ha permitido que los niveles de inseguridad disminuyan, lo que -originalmente- era el propósito fundamental de esta norma.
Las denuncias indican que los efectivos de Politáchira presuntamente cometen abusos al momento de intentar hacer cumplir el dictamen, según manifestó la directora de política.
“Resulta que los procedimientos no son los apropiados, puesto que detienen a los motorizados, retienen sus vehículos, pero no verifican quiénes son las personas que los conducen para confirmar si tienen antecedentes o registros policiales, o si en su defecto, son trabajadores honestos”
Para cualquiera de los casos los retenidos pierden horas de trabajo debido a que, después de la requisa, son trasladados a la sede policial donde -dicen- deben cancelar una multa de Bs. 60 que no arroja ningún tipo de recibo. “Ellos desconocen por qué es la multa que les cobran”
Esto trajo como consecuencia hechos irregulares de corrupción que, no solo van en contra de la ética en la función policial, sino también de la ley, debido a que -para evitar perder tiempo- los motorizados prefieren llegar a acuerdos con los policías en los sitios de revisión donde son retenidos.
“El llamado es para que se hagan las cosas como deben ser; si se va a cumplir con el Decreto 511, entonces deben hacerlo ajustado a la ley, tal como está establecido, y no con cobros ilegales de supuestas multas que no arrojan ningún recibo y mucho menos con acuerdos clandestinos”, enfatizó Bautista.
Frenny Kelly Granado – Prensa DIRCI.
