El procurador del estado Táchira, Julio César Hernández, precisó que con la postura asumida por la gobernadora Laidy Gómez, se está defendiendo el derecho a la vida, cuyo precepto está amparado en el artículo 23 de la Constitución venezolana, la cual consagra la preservación de los derechos humanos fundamentales.
Enfatizó que las ayudas humanitarias están orientadas a salvar vidas humanas, por lo que la Gobernadora viene cumpliendo con el postulado de derecho internacional humanitario que la obliga a garantizar a los enfermos crónicos, personas sin tratamiento y sin alimentos, una vía para que puedan recibir el apoyo y logren subsanar los padecimientos.
También dijo que la autoridad máxima del estado Táchira promueve las acciones para la defensa de los derechos humanos a la vida, salud, alimentación, integridad psicológica y física se cumplan, a la vez que hace esfuerzos para salvaguardar la red ambulatoria de la entidad.
Recordó que el Estado venezolano tiene la obligación de garantizar el derecho a la salud según lo establece el artículo 83, por ende el presidente encargado Juan Guaidó está cumpliendo con el mandato al gestionar y permitir el ingreso de la ayuda humanitaria, al igual que la gobernadora del Táchira al disponer de toda la red de salud pública al servicio de este momento histórico.
Hernández consideró que “la ayuda humanitaria es una es una esperanza de vida a los tachirenses”, por lo que exhortó a las autoridades competentes para que en vez de obstruir o entorpecer, permitan el ingreso de los medicamentos a toda Venezuela.
Recalcó que los venezolanos en general están padeciendo por la ausencia de medicamentos e insumos para mejorar la salud, yVenezuela siendo integrante de la Comunidad Internacional, Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos tiene el derecho y por ende sus ciudadanos del acceso a este apoyo mundial.
Además, refirió que cualquier obstrucción o impedimento a la ayuda humanitaria se puede considerar una situación de ataque a la vida humana y un crimen lesa humanidad, cuya acción puede ser considerada por la comunidad internacional, el derecho internacional público y los derechos humanos un delito que puede ser juzgado en la Corte Penal Internacional.
Para finalizar, exhortó a la población para que de manera pacífica y civilizada reclamen su derecho a gozar de salud, a la vez que hizo un llamado a las autoridades nacionales para que dejen los “argumentos absurdos” y colaboren en el ingreso de la ayuda humanitaria, al Táchira y Venezuela.
Prensa DIRCI// Rocío René González
