Este jueves la directora de Política de la gobernación del estado Táchira, Lelis Bautista, denunció que debido a la presencia de civiles armados que deambulan en los municipios fronterizos Pedro María Ureña y Bolívar; padres, estudiantes y docentes temen asistir a las aulas de clase ante la falta de protección por parte de autoridades policiales y militares que resguarden su integridad.
“El terror que han sembrado los colectivos en las calles mantiene a los representantes en constante expectativa de lo que pueda pasar a sus hijos, mientras asisten a la sede educativa. Lo mismo ocurre con los docentes”, dijo la alta funcionaria.
Bautista, en el marco de la jornada de trabajo de coordinación con los prefectos del estado, indicó que la gobernadora Laidy Gómez, “ha hecho reiteradamente el llamado al régimen para que de una vez por todas sea abierta la frontera, porque existe un sinnúmero de casos que lesionan los derechos humanos”.
Bautista hizo un llamado a la cordura y sensibilidad de las autoridades policiales y militares para que abran la frontera, y no permitan que el paso por las trochas se normalice como “un negocio que está montado de manera irregular lesionando la economía de las familias que requieren ir a Colombia a cubrir sus necesidades educativas y de salud”.
En el mismo orden de ideas, Urley Moreno, prefecto del municipio Pedro María Ureña, exigió a las autoridades nacionales abrir un “canal humanitario” debido a que un grupo representativo de estudiantes de la zona fronteriza reciben clases en el vecino país, al igual que una gran parte de la colectividad busca mejorar su salud.
Refirió que después del 23 febrero los municipios fronterizos, se han visto afectados con la presencia de cuerpos irregulares, quienes tienen como objetivo principal percibir en moneda extranjera el pago para el paso de las personas que circulan de Venezuela a Colombia y viceversa.
Moreno consideró que es preocupante la actitud asumida por el régimen debido a que “están coartando a los estudiantes su derecho de recibir instrucción educativa en Colombia y colocando en riesgo la salud de los que requieren mejorar su salud”.
Prensa DIRCI// Rocío René González.
