En las próximas 72 horas los trabajadores de la Gobernación del Táchira y sus diferentes organismos descentralizados, cobrarán apenas un 25 por ciento del dinero correspondiente a 120 días de aguinaldos, monto enviado hasta el momento, por la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre) para la cancelación de las bonificaciones navideñas.
Así lo dio a conocer la gobernadora del estado, Laidy Gómez, quien anunció que su gestión administrativa solicitó al poder central, el pago de 150 días de aguinaldos, para compensar el bono de “cuatro semanas” del cual gozaban los funcionarios de la gobernación tachirense, y que no se hizo posible por las nuevas tablas salariales nacionales que lo anularon.
La mandataria andina, aclaró que dicho beneficio se venía cancelando a los empleados regionales durante años, no se pudo pagar porque “este derecho fue cercenado por el poder central y nuestra solicitud de más días de aguinaldos, buscaba reivindicar este pago que fue negado a los trabajadores”.
Otro anuncio preocupante –reveló Gómez- fue que dentro de las maquetas salariales aprobadas por la Onapre y en correo enviado por dicho organismo, fueron negados para la cancelación de noviembre, los aportes patronales de seguro social y otros beneficios que por ley el Estado venía pagando al empleado.
“Esta negación de los aportes patronales se convierte en una fragante violación de los derechos laborales y el correo institucional de la Onapre deja al descubierto que el Ejecutivo Nacional no tiene los recursos para mantener la nómina de la administración pública central ni regional”.
Dentro de la lista de requerimientos hechos por la Gobernación del Táchira al poder nacional y que fueron aprobados para cancelar en el actual mes, datan solo la prima de antigüedad, profesionalización y de hijos, desconociéndose las otras bonificaciones que por convenio colectivo cobraban los empleados.
Detalló además la aprobación de la maqueta de nómina para el pago del bono vacacional del mes de noviembre; del fondo de jubilaciones de septiembre y octubre; la caja de ahorros, además de los respectivos sueldos que se están cancelando.
Explicó que aunque no se ha informado en Gaceta Oficial la exactitud de los días de aguinaldos totales a abonar, su administración decidió cancelar en las próximos días, los recursos que llegaron, tomando en cuenta la hiperinflación que consume el bolsillo de los venezolanos.
No aprobaron homologación a docentes
Pese a la insistencia del gobierno tachirense al Ejecutivo nacional para que homologue el salario de los docentes estadales respecto a los nacionales, la petición ha resultado en vano para el poder central.
“Vista la situación fragante de beneficios colectivos, pedimos la homologación de nuestros docentes porque sabemos que los nacionales están cobrando mucho más y también lo negaron. Ya hicimos lo correspondiente pero ante al rechazo nacional, hacemos un llamado para que los maestros hagan un reclamo legítimo de este derecho”.
Piden a CTV alzar voz de protesta
Carlos Ovalles, secretario sindical de Acción Democrática en el estado, manifestó su preocupación ante los anuncios de la máxima autoridad, señalando que el “Gobierno (nacional) no se cansa de atropellar a los trabajadores y por eso desde el Táchira le decimos a quien dice ser un ‘Presidente obrero’, que si van a pagar aguinaldos ya devaluados, páguenlos todos de una vez”.
Dijo además que no serían cuatro los meses que debieran cancelarse sino seis, para contrarestar un poco la crisis económica que golpea a las familias de los trabajadores. Por otra parte le hizo un llamado a la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), para que active a nivel nacional y acompañe la lucha gremial porque “no podemos seguir permitiendo tanto atropello”
Si el Gobierno nacional no responde –advirtió- debiese la CTV, orientar la lucha sindical y promover un paro nacional con el respaldo de todos los funcionarios.
El secretario general del Sindicato de Empleados Públicos del Ejecutivo del estado Táchira, Vidal Agelvis calificó de lamentable la situación que está padeciendo el personal de la Gobernación, a quien el Ejecutivo Nacional le “cercenó todos los derechos contractuales adquiridos y generó una hecatombe en la administración pública regional”.
Susan Pernía – Prensa DIRCI.
