Por: José Gregorio Vielma Mora
La política fronteriza en ningún caso puede ser unilateral, es decir ningún país en sus hitos limítrofes con otro puede hacer sustentable las necesarias medidas de control en una realidad que va más allá de una línea divisoria, de alcabalas y puestos de control. Cualquiera que viva en frontera sabe que ambos países limítrofes permean realidades –relaciones familiares, económicas y culturales- que tienden a diluir eso que nosotros llamamos “frontera”.
El vil y deleznable ataque a nuestra gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana sucedido en días pasados, confirma la impostergable urgencia de lograr una verdadera, coherente y eficiente política fronteriza binacional. Lo he venido expresando en anteriores oportunidades, tanto por este mismo medio como en otras ocasiones que me tocó reflexionar sobre este problema. Cierto es, que la guerra económica con sus expresiones en el bachaqueo y en los constantes ataques a nuestra moneda es reciente, frente a una serie de problemas que históricamente se han ido acumulando, como es el caso del contrabando de la gasolina, cuya afectación es de triste recordatorio para todas y todos los tachirenses.
Podríamos hablar que estamos en presencia de “una sociedad de frontera”, eso es un hecho innegable sobre el cual no podemos volver la espalda ni el Gobierno colombiano ni el Gobierno venezolano. Ya lo he afirmado y lo vuelvo a repetir, los acuerdos binacionales no solamente deben ser mejor instrumentalizados sino que los estados involucrados deben priorizar el imperio de la ley y el cumplimiento de la misma. No es posible que uno de los países se esté beneficiando de una anomalía o irregularidad y le deje la carga del problema al otro sin asumir una posición firme de cumplimiento de los acuerdos y de sus propias leyes nacionales.
¿Acaso no es contrabando para Colombia los productos subsidiados que se extraen de Venezuela? ¿Es legal que operadores cambiarios al otro lado de la frontera especulen con nuestra moneda y dañen sensiblemente nuestra capacidad de circulante para seguir sosteniendo sin límites el aborrecible contrabando de extracción? ¿Quién duda del involucramiento y complicidad de los organismos de seguridad colombiana en esta atípica y brutal actividad contrabandista?
El fortalecimiento de la cultura del contrabando no solamente es producto de la guerra económica sino también de la indiferencia del gobierno colombiano ante esta anomalía. La gravedad de esta situación y las fuertes medidas que ha venido tomando los equipos coordinados del Gobierno nacional y regional, junto a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, explica los recientes hechos violentos contra los gallardos soldados de la Patria.
Este es el momento de derrotar definitivamente la cultura del contrabando, ya basta por Dios, porque están dispuestos como queda demostrado, a sacrificar vidas de venezolanas y venezolanos para continuar con sus actividades delictivas. Es por ello que, para la próxima reunión que tendrá la Cancillería venezolana y colombiana, el 14 de septiembre, me atrevo a proponer los siguientes puntos: 1) Prohibir la compra de moneda venezolana, al menos limitar su convertibilidad. Para ello es necesario una presencia firme y categórica de las autoridades colombianas y sus organismos que controlan ese mercado cambiario.
2) Las autoridades colombianas deben comprometerse en atacar firmemente la introducción y comercialización de productos extraídos de Venezuela. Pero, cómo el papel en los acuerdos binacionales aguanta todo, deben comprometerse a enviarnos una relación diaria de las actividades de ataque al contrabando y los comisos obtenidos, así como una relación de las personas detenidas-venezolanos o colombianos- por practicar actividades de bachaqueo y especulación del bolívar. 3) Debe nombrarse una comisión permanente integrada no solamente por personeros de ambos gobiernos, sino también por las fuerzas vivas y económicas de los dos países –comerciantes, agricultores y ganaderos- para de esta manera monitorear y plantear soluciones estratégicas que impulsen un real y justa dinámica económica que privilegia la legalidad y el sano comercio.
De no cumplirse estos mínimos compromisos es mejor tener altamente restringido el tránsito fronterizo, con las consecuencias que ello implica, las cuales, con seguridad, serán de menor costo para nuestro país, que mantener esta actual situación cuya tendencia hacia la violencia ya es innegable. Sin duda, la República Bolivariana de Venezuela tiene la capacidad de enfrentar, en cualquier terreno, los retos que le impongan esta situación, pero la mejor y más sana medicina a este mal, se logrará con políticas públicas binacionales reales, comprometidas y armoniosas.
