Como una decisión arbitraria e inconstitucional que se tomó en perjuicio de los habitantes del municipio San Cristóbal, calificó Luis Díaz, director de Política de la Gobernación la aprobación de un 60 por ciento de la ordenanza de actividades económicas por parte de la cámara edilicia.
Sostuvo que esta ordenanza afectará especialmente a quienes realizan actividades económicas dentro del municipio San Cristóbal.
“Rechazamos contundentemente esta medida que se tomó a puertas cerradas. Es a todas luces inconstitucional. Además, los concejales no tomaron en cuenta seis puntos específicos de las 15 observaciones interpuestas por la alcaldía de San Cristóbal”, comentó.
Manifestó Díaz que es totalmente falsa la versión de las autoridades municipales sobre un supuesto cierre técnico por la falta de recursos presupuestarios.
Esa mentira-dijo-se cae por su propio peso. Tenemos informes valederos sobre los doceavos entregados a la municipalidad por la Ley de Presupuesto del 2015, y aparte, han recibido tres créditos adiciones. El primero el 12 de mayo. El segundo el 16 de junio y el último el 14 de julio del presente año.
Acotó que dichos créditos adicionales garantizan el pago de los aumentos salariales a sus trabajadores por decreto presidencial, uno de los puntos esgrimidos por la alcaldía de San Cristóbal para declararse en un cierre técnico, cuando en realidad sí cuenta con los recursos para cumplir con este concepto.
Aumento indiscriminado
Denunció que pese al rechazo de algunos sectores económicos a esta ordenanza, las autoridades municipales han venido cobrando los impuestos desde el 1 de enero de este año con un incremento exorbitante de hasta 400 por ciento en los diversos renglones de la actividad productiva.
Citó como ejemplo el caso de un supermercado, que debía cancelar 3 mil bolívares, ahora debe pagar con esta ordenanza 30 mil bolívares en impuestos.
Díaz no justifica el aumento indiscriminado de impuesto al pueblo de San Cristóbal, mientras la ciudad se sume en un abandono y desidia total.
“La ciudad está en caos por el problema de vialidad. El servicio de aguas fluviales no sirve y es pésima la recolección de desechos sólidos. Mientras por el otro lado, la municipalidad ha recibido recursos multimillonarios, y eso no se ve reflejado en el mejoramiento de los servicios públicos”.
Cuestionó la votación de los concejales opositores, quienes aprobaron por mayoría este estatuto, en vez de defender los derechos del pueblo y de garantizarles un mejor nivel de vida en sus comunidades.
Hizo el director de Política un llamado a la contraloría del municipio San Cristóbal para que exija a la alcaldesa Patricia de Ceballos un informe detallado sobre la distribución de los recursos percibidos por recaudación de impuestos.
Criticó finalmente el hecho de que se haya aprobado esta normativa, sin permitir el acceso de los ciudadanos y de una manera inconsulta y sin tomar en cuenta las observaciones y la opinión del pueblo que es el más afectado. Fin. Magaly Gutiérrez Fotos: Gabriela Pernía.
