Luis Díaz, director de política de la Gobernación Bolivariana del Táchira, anunció que en los próximos días se solicitará a la sala político administrativa del TSJ la nulidad de la Ordenanza sobre Actividades Económicas promulgada por la Alcaldía de San Cristóbal, que establece el aumento desproporcionado de las alícuotas que deben cancelar empresarios de la ciudad.
“Nosotros consideramos que el incremento de las tasas impositivas, no sólo afecta al empresariado o a todas aquellas personas que desarrollan actividades económicas en el municipio, sino también a la Gobernación del estado, ya que la misma maneja una gran cantidad de inversión pública y social y sus tributos indirectamente terminan en las arcas de la Alcaldía de San Cristóbal cada vez que se hace una inversión en el municipio”, afirmó Díaz.
Señaló que las tasas de impuestos que se cobran en el municipio capitalino son un exabrupto en comparación con los restantes 28 municipios, y van en detrimento de la inversión social que desarrolla no sólo el gobierno regional sino también el gobierno nacional y las demás instancias del sector público que puedan y deseen invertir en San Cristóbal.
La Alcaldía del municipio San Cristóbal -continuó Díaz- debe proporcionar todas las condiciones necesarias para que se desarrollen mayores niveles de inversión social en el municipio y así contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes.
Asimismo el director de política reiteró el llamado a la Alcaldía de San Cristóbal, para que informe a los contribuyentes en qué han invertido los recursos que han sido recaudados desde el 1 de enero del año en curso, ya que no se ven reflejados ni en vialidad y mucho menos en servicios públicos.
”No quisiéramos pensar de que los recursos que han sido recaudados durante el 2015 terminen financiando la campaña electoral para la AN en el circuito N° 5”, aseveró Luis Díaz.
La decisión de solicitar a la Sala Político administrativa del TSJ la nulidad de la ordenanza – aseguró Díaz- es una medida justa, que no defiende a los empresarios en primera instancia, sino que defiende el objetivo final, que son los ciudadanos y contribuyentes de San Cristóbal y las metas físicas de los fondos públicos que se invierten en el municipio por parte de la gobernación, concluyó. FIN/ Sonia Maldonado / Fotos: José Ramírez.
