Atendiendo el llamado de las comunidades de la zona norte del estado Táchira, los equipos de las gobernaciones de Táchira y Mérida, realizaron una inspección al puente Guaruries ubicado en el kilómetro 15 entre La Tendida y El Vigia, con el fin de llevar a instancias ministeriales el informe técnico y valoración de la reconstrucción de un puente que colapsó hace diez años y fue reconstruido sobre las mismas bases del puente viejo.
La Gobernadora del Táchira, junto al gobernador del estado Mérida, hicieron un llamado a la sensatez en la asignación pública recursos para la recuperación de las principales vías de comunicación de los estados, que requieren intervención inmediata, y que de acuerdo a los informes técnicos de los ingenieros del Gobierno Regional, la inversión el puente colapsado sobrepasa el diez mil por ciento del presupuesto público de la Gobernación de los estados Táchira y Mérida.
“Ustedes que se sientan en Miraflores, que son los que manejan el dinero del Estado, los recursos de los venezolanos no son una caja chica para que ustedes los destinen a su libre albedrío, los recursos de los venezolanos son para atender este tipo de situaciones que están generando la afectación de dos estados de una alta atención agroproductiva para el centro del país”, recalcó la gobernadora del Táchira.
Destaco la Gobernadora de la entidad tachirense,que ante el colapso de las bases del puente, se está generando una afectación inminente en la actividad agroproductiva, en el área de la salud y la educación, que al mismo tiempo incrementa una mayor crisis a la distribución de combustible entre de ambas regiones. Aunado a ello, se suma la paralización del envío de la producción agropecuaria que se genera en esta zona andina que supera el 60 por ciento de la producción nacional.
Por su parte el Gobernador de la entidad merideña, solicitó una investigación sobre la irresponsabilidad que acarrea sanciones penales, administrativas e inhabilitación para la empresa que hizo dicha construcción.
Cobros ilegales
Gómez denunció públicamente el descontento de la comunidad del municipio Samuel Darío Maldonado quienes indicaron que la Guardia Nacional estaba haciendo cobros ilegales que oscilaban entre 5 mil y diez mil pesos para permitir el paso de personas que estaban siendo trasladadas en moto, y 20 mil pesos para el paso de vehículos, agregó que la comunidad fue amenazada con la paralización en la distribución de combustible si había algún tipo de denuncia o protesta por esta acción delictiva, exigió al Ejecutivo Nacional abocarse ante los constantes hechos de corrupción por parte de funcionarios de seguridad del Estado.
Más de 50 mil habitantes que habitan en el municipio Samuel Darío Maldonado, que colinda con el estado Mérida, se encuentran en una “hora cero” debido a que el desvío de combustible se hace por la vía de Santa Bárbara del Zulia, evitando que llegue el combustible a esta comunidad. acotó Gómez.
Prensa DIRCI.
