La gobernadora del estado Táchira, Laidy Gómez, informó este lunes sobre un procedimiento administrativo que el Ministerio para el Ecosocialismo y Agua (Minea) inició en su contra por presuntos ilícitos ambientales, a propósito de que desde el jueves, 22 de noviembre, el Vertedero de San Josecito está cerrado por la avería de la máquina de arrastre que limpia las terrazas.
Como respuesta ante la situación, la mandataria coordinó con el equipo de gobierno que la máquina que se encarga de extraer la materia prima para producir el asfalto frío que es destinado a los planes de bacheo en la ciudad, fue enviada por diez días, para el despeje de los patios internos del vertedero y así habilitar el principal depósito de desechos sólidos.
“Se tendrá que suspender el plan de asfaltado que se desarrollaba en el estado para usar la maquinaria únicamente en la limpieza de la vía que conduce a los patios del vertedero. Tenemos que paralizar un proyecto que iba en beneficio de la comunidad para poder resolver esta contingencia”, anunció la mandataria.
Por otra parte, condenó el proceder del Ejecutivo nacional en contra de su gestión, cuando, según refirió, no han enviado ni recursos, ni camiones para la recolección de los desechos, ni han ejecutado ninguna acción para resolver el problema. “Me abren un procedimiento por la basura y no envían ni un centavo para solucionar el problema con el vertedero”.
Añadió que es importante que los tachirenses sepan que desde su gobierno se han realizado todas las gestiones lícitas para obtener los repuestos. “Así como los carros de los venezolanos se deben parar por falta de repuestos, nuestra maquinaría también se ve afectada”.
Hizo énfasis en por qué se le aplica un procedimiento administrativo a su gestión y no al ex mandatario regional ni tampoco al alcalde de Torbes, “cuando en el mismo auto de proceder, el Ministerio reconoce que yo le quité el vertedero al alcalde por anomalías en su administración, por cobros ilícitos y actividades delincuenciales que, incluso, aplican para sanciones penales”.
En abril, cuando fue descubierta las irregularidades que al parecer cometía el burgomaestre Lobo, no se abrió un procedimiento similarcontra él, pese a que el Ministerio hoy reconoce que -en efecto- ocurrían hechos vandálicos durante su administración.
“Sin desconocer mis responsabilidades, las cuales asumo sin miedo porque yo doy la cara, me pregunto por qué no se le abrió también un procedimiento al ‘capitancito’ que gobernaba este estado cuando vimos que violentó la Constitución cediendo las competencias del vertedero a la alcaldía de Torbes para ese momento”, manifestó.
La conclusión a la que llega es que será sometida a este procedimiento únicamente que por retaliación política, ya que considera que no tiene razón de ser, puesto que, hasta la fecha, no ha sido presentado ningún expediente en contra de quienes sí orquestaban eventos hamponiles.
A pesar de estos esfuerzos, la ayuda del sector privado será imprescindible para ejecutar con éxito la recolección de residuos de desechos sólidos, y sobre todo la habilitación de los patios y terrazas en el vertedero; sin embargo, los empresarios se niegan a prestar sus máquinas por períodos mayores a 15 días.
El argumento que ofrecen, según dijo la gobernadora, es que los lixiviados que desechan los residuos orgánicos dañan los vehículos y sus dueños temen que no puedan conseguir repuestos para repararlos ya que la mayoría los venden en monedas extranjeras.
“Hago un llamado a la empresa privada porque este no es un problema de la gobernadora, es un problema general que afecta a todos los tachirenses en la calle (…) estamos dispuestos a sentarnos con ustedes y buscar convenios y suministros; tenemos programas que podemos ofrecerles para lograr la asignación -por lo menos de 15 días- de maquinarias que nos permitan barrer los patios del vertedero y dar respuesta efectiva”, agregó Gómez.
Este lunes en la tarde los presidentes de Corpointa, Caimta y Corpotáchira se reunirían con los empresarios para llegar a acuerdos que les permitieran garantizar la operatividad del basurero por las próximas dos semanas.
Sobre la demanda “política”
Según el oficio 028-18 le fue notificado a la gobernadora andina, que será sometida a averiguaciones por supuestas irregularidades en cuanto al funcionamiento del Vertedero de San Josecito, pero principalmente, por haber recuperado -mediante un decreto- la competencia que hace un año el ex gobernador Vielma Mora otorgó de manera violatoria al alcalde del municipio Torbes, Roberto Lobo.
En junio Gómez, a través de la Procuraduría General del Táchira, denunció una serie de hechos criminales que impedían el correcto ejercicio del basurero a cielo abierto, y eso fue lo que la motivó a asumir, dos meses antes, la responsabilidad del manejo para la disposición final de los residuos y desechos sólidos.
Las irregularidades que aparentemente ejecutaba el alcalde Lobo comenzaron a ser notadas en abril, debido a que causaron el cierre continuo del vertedero durante seis semanas sin generar consecuencias legales.
Desde esa fecha la Gobernación del Táchira retomó la administración del espacio, pero no fue sino hasta junio que se hicieron las denuncias formales de cobro ilegal a empresarios para la recolección de sus desechos.
El 16 de agosto Corpotáchira, por instrucciones del Ejecutivo Regional, asumió totalmente la operatividad del vertedero y hasta entonces ha trabajado con recursos propios, no obstante este 22 de noviembre la máquina de arrastre con la que limpian las terrazas para el descargue de los desechos sólidos, se dañó.
El viernes 23 de noviembre el presidente de Corporandes, Freddy Bernal, en un acto que la gobernadora consideró de completa intención política, realizó una inspección en la que constató la avería de la maquinaria y por ello solicitó al Gobierno Central que la reemplazara con otra. Dicha máquina llegó el miércoles 28, pero antes de entrar en funcionamiento también se estropeó y en consecuencia, el vertedero quedó inoperativo.
Para asumir este proceso legal la gobernadora designó un poder especial al procurador general del estado Táchira, Julio César Hernández, quien este lunes en la tarde inició el protocolo en respuesta a la notificación del ministerio.
Hernández tendrá que reunirse con los representantes del órgano nacional para promover todas las pruebas en las que el Ejecutivo Regional ha solicitado recursos y presentado proyectos para el funcionamiento del vertedero, cuyas diligencias han sido ignoradas tanto por el Minea como por el Ministerio de Finanzas. /
Prensa DIRCI //Frenny Kelly Granado
