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Para este viernes 09 de abril el Hospital Central de San Cristóbal registra 8 pacientes hospitalizados en las áreas de aislamiento destinadas para la atención de casos COVID-19, manteniendo con ello la línea de descenso de casos ingresados en este centro de salud.

La información la dio a conocer Tito Zambrano, director del Hospital Central quien detalló que actualmente en la Unidad de Cuidados Intensivos hay dos pacientes hospitalizados, ninguno de ellos con ventilación mecánica, cumpliendo cada uno con el tratamiento respectivo.

“En aislamiento se encuentran seis pacientes hospitalizados, lo que arroja un total de ocho pacientes en área Covid, todos estables y cumpliendo los protocolos pertinentes”, dijo.

Zambrano finalizó haciendo énfasis en que el hospital está presto para recibir a todos los pacientes con alguna complicación o sintomatología respiratoria.

Prensa Corposalud//Holiancar Contreras. 

El titular del Instituto de Vialidad (IVT), Freddy Osuna, aclaró que “aún cuando la Gobernadora Laidy Gómez tiene la mejor disposición de sumarse en la atención de la emergencia presentada en la carretera La Chivata, corresponde al Gobierno Nacional la atención de la misma, de conformidad con la Resolución N° 97, publicada en Gaceta Oficial bajo el número 39.200 de fecha del 15 de Junio del año 2009, mediante la cual se ordena la reversión de competencias viales de las regiones al Gobierno Nacional.

Dijo que por ser esta carretera parte de la red principal de la Troncal Siete (TO07), compete al Ministerio del Poder para el Transporte Terrestre atender – con prontitud- la recuperación de la vialidad afectada, mayor aún cuando -para todos es del conocimiento público- que el Ejecutivo Regional ha sido afectado por un severo déficit presupuestario que le impide asumir inversiones onerosas, debido a que no cuenta con los recursos económicos para la ejecución de obras viales de envergadura.

Subrayó que en reciente inspección “nuestra Gobernadora llamó al trabajo conjunto y coordinado entre los distintos entes de Infraestructura de la Gobernación, el Gobierno Nacional y la Alcaldía, con miras de mancomunar esfuerzos que permitan la pronta restitución de la movilidad en la zona para la seguridad de los conductores y el bienestar de las comunidades de la localidad, vialidad troncal que constituye puerta de entrada de los distintos municipios de la zona alta de montaña, de donde procede parte importante del abastecimiento de diversos productos agrícolas”, aseveró.

Aseguró que el Gabinete Regional de Infraestructura, bajo las directrices de la Gobernadora Laidy Gómez adelanta la coordinación de distintas acciones de mantenimiento y bacheo para acondicionar la vía alterna, entre Las Vegas de Táriba – Arjona-Cordero, a los fines de garantizar la movilidad por esta ruta alterna.

-Las autoridades de los distintos entes de Infraestructura, cumplimos inspección junto a la Primera Mantadaria Regional, lográndose evaluar técnicamente los daños para la sucesiva fase de cuantifiación de los costos financieros de lo que implicará el proyecto de inversión en la obra de reparación del mismo, cuyos recursos para su financiamiento serán requeridos ante el Gobierno Nacional”, afirmó.

El vocero del IVT puntualizó que se están acometiendo trabajos de bacheo en la vía Las Vegas de Táriba-Arjona aunado a labores de limpieza en sus laterales, la cual será utilizada como ruta alterna para el paso transitorio de vehículos ante el colapso del Puente La Chivata, a la par que el IVT conjuntamente con Corpointa avanzan en la elaboración del proyecto de obra para la reparación del Puente La Chivata, el que será elevado a los entes de financiamiento del Nivel Central.

PRENSA IVT Yadira Quiroz

Para garantizar la transitabilidad de los habitantes de los cinco municipios afectados por el colapso del Puente La Chivata, la gobernadora del Táchira Laidy Gómez, planteó soluciones a corto plazo, referidas a la instalación de un puente de guerra o la reconstrucción de las bases.

Asesorada por el gabinete de infraestructura del Ejecutivo regional y el Colegio de Ingenieros, Gómez resaltó que de instalarse el puente de guerra, estructura que solo tiene  el gobierno nacional a través del Batallón de Ingenieros de la Fuerza Armada Nacional, el ejecutivo regional dispondría  de inmediato la grúa para remover los residuos de talud que están obstaculizando la vía.

La mandataria regional aclaró que el puente colapsado forma parte de la Troncal 7 y desde el 2012, el mantenimiento de  todas las troncales son competencias de los entes nacionales, medida decretada por  Chávez.

Sin embargo, puntualizó que ante las necesidades del pueblo “no se puede mirar con indiferencia los problemas del estado”.

Agregó Gómez que otra de las propuestas es realizar la refacción del talud, obra que debe ejecutarse de manera óptima para que en el  futuro no vuelva a colapsar. “el proyecto será presentado al Ministerio de Obras Públicas ya que la inversión  supera los 700 mil dólares”.

Afirmó que el mismo será presentado a la comunidad para que se unan al clamor de la gobernación a fin de que el gobierno nacional ejecute el proyecto  a la brevedad posible.

Esta iniciativa se toma en virtud  -continúo Gómez- de que desde hace tres años y medio  el gabinete de infraestructura del gobierno regional tiene esperando los recursos para ejecutar el proyecto de la vía de Santa Elena, y aún no llegan,” y no queremos que pase lo mismo con el puente La Chivata, cuya reparación es urgente”.

Garantizar la transitabilidad

Asimismo, la gobernadora tachirense informó que a partir de este miércoles 07 de abril, se trasladará una cuadrilla del Gabinete de Infraestructura del ejecutivo regional para rehabilitar la vía alterna, conocida como la trasandina.

“Obreros de la gobernación estarán realizando el mantenimiento de la trasandina aplicando pavimento, así como el desmalezamiento y limpieza de la zona”, explicó.

El gabinete de infraestructura – aseguró Laidy Gómez-  tiene la orientación de supervisar el puente de la Trasandina y garantizar la transitabilidad de los más de 500 mil pobladores afectados por el colapso del Puente La Chivata.

Prensa y Foto Dirci.

La gobernadora Laidy Gómez solicitó a los diputados del Consejo Legislativo del estado Táchira (CLET) la asignación de recursos para destinarlos a las distintas zonas del estado, con necesidades urgentes en salud y vialidad.

Detalló la mandataria que para los municipios de las zonas norte y sur, los recursos solicitados serán destinados para el área de la salud, ya que hay una gran necesidad de brindar jornadas médico-asistenciales y epidemiológicas para sus habitantes.

Para la zona metropolitana, los recursos, una vez aprobados, serán invertidos en la reparación de los camiones que trasladan el asfalto frío para cumplir, de esta manera, con el asfaltado en los municipios Cárdenas, Guásimos, San Cristóbal y Torbes.

De igual modo, parte de los recursos serán empleados para la recuperación de la vialidad de Rubio, afectada gravemente por las lluvias registradas el pasado mes de noviembre. También, se espera que las principales calles de El Valle sean asfaltadas.

En cuanto a los programas sociales, manifestó Gómez que con lo aprobado por el CLET se espera atender a los funcionarios adscritos a la Gobernación del Táchira.

Pidió a los diputados -de tendencia oficialista- que no involucren la política, ya que los recursos que está solicitando son para cubrir las necesidades que existen en las áreas de la salud y de la vialidad en el estado.

“Con el mayor respeto señores diputados, aparten la política. Cada quien puede salir a buscar votos sin menoscabar el interés colectivo de la población tachirense. Estos recursos los estoy solicitando por una necesidad sentida en la parte médica, asistencial, quirúrgica y de la rehabilitación vial”, afirmó.

Manifestó que el ejecutivo regional, al momento de brindar cooperación humanitaria, cuando se ha logrado convenios con la ONU, ha brindado estos beneficios sin distinción alguna y de puertas abiertas a la población.

Solicitó a los representantes del CLET – dijo la gobernadora tachirense- que, con desprendimiento político, aprueben los recursos que le corresponden a los tachirenses para que así puedan beneficiarse de estos programas sociales.

“Sabemos que están en campaña, pero no lesionen, por intereses políticos electorales, las necesidades del pueblo del Táchira”, puntualizó.

Esta solicitud de recursos al CLET, la hace Gómez luego que llegara al Poder Legislativo en la entidad el día viernes 26 de marzo, un crédito adicional, después de más de 8 meses sin recibir recursos públicos.

Redacción: Jeniffer Borrero. Fotos: Óscar Medrano.

Ante los enfrentamientos que acaecieron en La Victoria, zona sur del municipio José Antonio Páez del estado Apure, la gobernadora del Táchira Laidy Gómez manifestó con preocupación que, “la falta de control y defensa, por parte de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), de la soberanía venezolana, ha traído como consecuencia la vulneración de la seguridad nacional por parte de diversos agrupaciones al margen de la ley”.

A su juicio, si el Gobierno Nacional, a través de la Fuerza Armada, no logra controlar esta situación, seguirán los enfrentamientos armados, ya que los irregulares querrán mostrar su fuerza al gobierno de Nicolás Maduro.

Como mandataria del Táchira –aseguró- me inquietan las secuelas que estos enfrentamientos puedan generar, pues temo que la ciudad capital termine convirtiéndose en la Medellín de hace 20 años, “una ciudad donde habían bombas por todas partes,”

“Es una exigencia que como Gobernadora del Táchira le hago a la FANB, ya que son los únicos responsables de controlar la estabilidad y de garantizar la paz en los espacios fronterizos”, puntualizó Laidy Gómez.

La situación de violencia y desplazados en Apure aún persiste – señaló- y hasta el momento no ha habido una vocería oficial que diga qué es lo que verdaderamente está ocurriendo y “preocupa que las secuelas de esos enfrentamientos conviertan a San Cristóbal o a cualquier capital de los municipios del Táchira, en un Medellín de 20 años atrás”.

Redacción: Jeniffer Borrero. Fotos: Óscar Medrano.

En el marco de la gira realizada por la gobernadora del Táchira Laidy Gómez, en la ciudad de Caracas, se discutió, con los entes internacionales como la OPS, la ONU y las embajadas donantes en materia humanitaria, los protocolos para los esquemas de inmunización contra la COVID-19 que se implementarán a través de los convenios con la mesa nacional de negociación que viene gestionando el ingreso de estas vacunas.

La mandataria manifestó que tras la reunión que sostuvo, este miércoles, en la Residencia Oficial de Gobernadores, con los homólogos de las agencias internacionales que funcionan en el estado, se concretó la implementación del Plan Operacional de Cooperación Humanitaria para el Táchira 2021.

“Hemos logrado incrementar la atención de programas hospitalarios, la atención social en municipios vulnerables por el COVID-19, sobre todo los fronterizos, también presentamos propuestas para la habilitación quirúrgica de áreas hospitalarias y solicitamos la asignación de ambulancias”, agregó.

De igual modo, Gómez presentó a las agencias de la ONU y a las distintas embajadas las propuestas de atención epidemiológica de vacunas contra el neumococo y rotavirus para niños menores de 2 años y la implementación de plataformas electrónicas y de internet para los centros hospitalarios de la entidad.

Asimismo, solicitó programas que permitan incentivar al personal de la salud, “para nadie es un secreto que un funcionario público no gana ni para cubrir el gasto de los pasajes del transporte público y a pesar de esta situación, trabajan para el pueblo tachirense”.

El tema de la educación también fue abordado por la mandataria en su visita a la capital del país, destacando que hay más de 300 escuelas estadales cuyo personal docente no cuenta con las condiciones epidemiológicas ni salariales para regresar a las aulas.

“Para nuestros maestros hemos pedido algunos incentivos y la evaluación de algunas estructuras educativas de algunas escuelas que fueron deterioradas cuando se usaron como PASI y hasta el momento ningún ente gubernamental de Nicolás Maduro ha aportado para recuperar estos espacios”, aseguró.

Con pruebas en mano

Con respecto al tema de la inmunización contra el SARS-CoV-2, Laidy Gómez manifestó que, una vez se logre el acuerdo nacional del ingreso de las vacunas, sean las del sistema Covax o las que permita la mesa nacional de diálogo, no se calificará como un logro de un sector u otro, sino al contrario, como la necesidad humanitaria que es prioritaria sobre todo para el personal de salud.

Ante esta situación, argumentó que presentó en Caracas, el informe donde se demuestra que los únicos funcionarios de la salud que se han vacunado son los que laboran en el Hospital Central de San Cristóbal, único centro médico centinela, quedando excluido el personal de primera línea de los ambulatorios y áreas de triaje en el estado.

“Los médicos de estos centros hospitalarios no han sido inmunizados porque el Ministerio de la Salud está priorizando a las delegaciones cubanas, a los funcionarios de los CDI, de algunas alcaldías bolivarianas, del Órgano de Dirección para la Defensa Integral (ODI), así como a algunos políticos y concejales”, puntualizó Gómez.

Indicó que de 8.600 funcionarios de la salud que se encuentran activos, más los 289 de Protección Civil regional, solo el 20% de este personal, dependiente del ejecutivo regional, ha sido inmunizado contra la COVID-19 por parte del Ministerio de la Salud.

Atención para los pacientes oncológicos

Por parte informó que debido al incremento de pacientes oncológicos y renales en la entidad se realizaron algunos contactos institucionales con autoridades de la salud en el Norte de Santander a fin de establecer convenios con los organismos de ayuda humanitaria que funcionan en Colombia y así lograr cupos de quimioterapias, radioterapias y las diálisis para los venezolanos que requieran estos tratamientos.

“En los próximos días iré a Cúcuta a llevar las estadísticas de los pacientes oncológicos y renales porque queremos establecer convenios para que estas personas puedan hacerse su tratamiento, ya que aquí en Venezuela, los programas de pacientes oncológicos y renales no están activos en la cooperación humanitaria”.

Redacción: Jeniffer Borrero/ Fotos: Óscar Medrano.

Durante el fin de semana, los integrantes de la Sala Técnica del municipio Córdoba comenzaron el proceso de inspección a una zona agrícola que conecta el pueblo con dos vías importantes por las que precisamente se moviliza el transporte público.

Alfredo Rangel, miembro de la Sala Técnica de Inapcet en el mencionado municipio, informó que este procedimiento permitió hacer un diagnóstico a la zona, pues si bien el transporte público llega hasta su jurisdicción, las recientes lluvias han dificultado el acceso.

Rangel informó que se requiere la reparación de 50 metros de un tramo de la vía y alrededor de 30 metros de la otra vía aledaña, pues ameritan atención urgente comunicar a las aldeas más cercanas, como lo son: Santa Marta, Mesa de Tigre, Topacio, Los Alpes, Llano Grande, entre otros.

Según el reporte levantado el fin de semana, se puntualizó que la causa de este problema vial ha derivado por un trabajo mal terminado de Hidrosuroeste, lo que ha afectado el traslado de al menos 20 familias, cifra indicada por Elio Urbina, uno de los miembros de la comunidad cordobense que espera la pronta atención y reparación de esta arteria vial.

 Diana Sánchez Sarmiento | PRENSA Inapcet

Un total de 23 mil 490 tachirenses han recibido la dosis única de desparasitante durante el primer trimestre del año. Así lo dio a conocer Ronald Benítez, jefe de la División de Salud Ambiental, quien destacó la labor que han venido realizando  el programa de Parasitosis Intestinal en las jornadas médicas que cumple el Gobierno del Táchira en cada de los municipios.

 Benítez indicó que durante estas jornadas y las que realiza Salud Ambiental, se hace entrega de una dosis única de Albendazol de 400 mg a jóvenes y adultos que aún no hayan sido desparasitados.

“Hasta ahora se han beneficiado habitantes de los municipios Guásimos, San Cristóbal, Cárdenas, Fernández Feo y Libertador”, añadió.

Benítez mencionó que Salud Ambiental continúa activa en cada una de sus demarcaciones ubicadas en La Fría, El Piñal y San Cristóbal. “Seguimos haciendo el trabajo para llevar prevención a las comunidades del Táchira”.

Prensa Corposalud// Carmen Díaz

Amparados en la aplicación del decreto N° 49, el Ejecutivo regional dejó sin efecto el decreto 511, según lo informó el Secretario General de Gobierno, Jorge Pernía, quien aseguró que desde el punto de vista legal esta normativa perdió su fundamento para el cual fue creado pues existe gran descontento en la población motorizada ante los abusos reiterado por parte de las autorizadas policiales.

Indicó que en los últimos años se han recibido denuncias de conductores y motorizados con respecto al abuso por parte de las autoridades policiales en el control de la movilidad y el tránsito.

 “En virtud de la emergencia generada por el COVID-19 la normativa y estatutos establecidos en el decreto 511 quedaron prácticamente sin efecto, pues desde el punto legal este instrumento legal es ineficaz y su aplicación por parte de los organismos competentes cambio por la situación del coronavirus”, aseguró Pernía.

Exhortó a la población y conductores de motos a cumplir con los lineamientos y reglamentos legales establecidos en la Ley de Tránsito.

También hacemos un llamado- continuó el secretario general de gobierno- a las autoridades policiales apegarse al decreto de pandemia en cuanto al cumplimiento de los horarios permitidos para el tránsito de personas y movilidad de vehículos y motos.

“La derogación del decreto 511 obedece a una solicitud reiterativa de la población tachirense, clubes y organizaciones de motorizados cansada de los abusos sin freno por parte de las autoridades policiales”, argumentó.

Por su parte, Julio Cesar Hernández, Procurador General del estado, recordó que el Decreto 511 fue emitido en el año 2013 a raíz de los múltiples accidentes de tránsito protagonizados por motorizados, pero debido a la pandemia el gobierno central emitió un decreto de alarma pidiendo se adecuen las instituciones hospitalarias y así se cumplió.

“Esta medida modificó totalmente los fundamentos de la normativa 511 y por consiguiente lo desapareció”, afirmó.

Hernández precisó que el decreto 511 no puede ser utilizado para fines lucrativos por terceros, “por lo tanto atendiendo el llamado de la ciudadanía, motorizados y conductores se tomó la decisión de derogar el decreto 511”.

Bajo el estado de excepción que se tiene por la pandemia – señaló – el gobierno central debe garantizar la seguridad a los ciudadanos y es responsabilidad de las autoridades nacionales con competencia en la materia de tránsito terrestre regular y ordenar todo lo que tiene que ver con la seguridad ciudadana.

Recordó que el gobierno nacional asumió la competencia exclusiva en el manejo de la seguridad y son ellos quienes deben establecer a través de la Vicepresidencia de la república las resoluciones y decretos de ley en dicha materia, apoyadas en la Constitución Nacional, la Ley de Tránsito Terrestre, Reglamentos y a fines.

“La Gobernación del Táchira fiel al principio de colaboración con los poderes está siempre dispuesta ayudar en la búsqueda de la paz social. Nosotros hemos cumplido con la población y la Ley para devolverle al ejecutivo nacional sus competencias y atribuciones que el decreto 511 tuvo en su momento pero que ya no tiene debido al estado de alarma que vivimos por la COVID-19”.

PRENSA DIRCI-Fotos: DIRCI.

Con miras a la reactivación de la economía Colombo-venezolana la gobernadora del Táchira Laidy Gómez solicitó al gobierno de Nicolás Maduro la movilización de los containers y reabrir el paso por los puentes internacionales a fin de habilitar los canales humanitarios y permitir el intercambio comercial.

“Por allí vemos que el empleado de Maduro el señor Bernal se ha convertido en un parlanchín con el tema de la frontera. Dice que se va a habilitar, que se va a abrir, se reúne con sectores buscando la manera de ganar dividendos electorales y lo que ha hecho es demagogia”, aseguró

Si de verdad el señor Bernal – afirmó la mandataria regional- tuviera el poder de abrir la frontera, ya estuvieran disponiendo de los militares y hasta de las FAES para que quitaran los containers que obstaculizan el tránsito por el Puente de Tienditas, el Puente Francisco de Paula Santander en Ureña y Puente Internacional Simón Bolívar en   San Antonio del Táchira.

“El tema de la frontera para los empleados de Maduro no es más que una tarea demagógica y parlanchina en tiempos electoreros”, puntualizó.

Lo que pareciera – manifestó Gómez – es que si quitan los containers se les acaban los negocios a algunos sectores particulares o individuales del gobierno en las trochas.

“La mejor demostración de voluntad política del lado del gobierno venezolano, del lado del territorio venezolano es quitar de manera inmediata los objetos que están obstaculizando la movilización por los puentes desde hace más de dos años”, argumentó.

Señaló que existen múltiples razones para reabrir nuevamente los puentes, entre ellas la reactivación de la economía por parte de la empresa privada así como las circunstancias de carácter humanitario dado a la terrible crisis que se vive en el país.

El gobierno regional – aseveró Laidy Gómez- que es un gobierno abocado a la atención social de las familias vulnerables, sabe y conoce la cantidad de muertes violentas que ocurren a diario en las trochas y como esto afecta a muchas familias; así como los decesos producto de la crecida del Río Táchira.

“Señores queremos tener una economía sustentable en la frontera, necesitamos condiciones que garanticen el bienestar para todos los venezolanos que requieren ir a Colombia en busca de atención médica, alimentación y medicamentos”, enfatizó.

Si ustedes de verdad -continuó la gobernadora tachirense- quieren demostrar la voluntad política de Venezuela para que la economía y las condiciones humanitarias de los venezolanos y de los tachirenses mejoren, faciliten el paso por los puentes y remuevan los obstáculos que permanecen allí desde 2019.

DIRCI