A propósito de la reciente detención de seis individuos involucrados en una red de prostitución y trata de personas, la gobernadora del estado Táchira, Laidy Gómez, ordenó al Instituto Tachirense de la Mujer (Intamujer), a la Fundación de la Familia Tachirense y a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la implementación de programas preventivos y de atención a las víctimas de violencia sexual.
Desde hace semanas dichas instituciones trabajan en la investigación de la movilidad irregular de adolescentes que vienen del interior del país a través de la frontera venezolana y, según informó, gracias a estos procedimientos se ha logrado frustrar la salida ilegal de las jóvenes que solo viajan -en algunos casos- con sus pasaportes, ignorando el uso del permiso de viaje otorgado por sus padres y representantes.
Es por ello que fueron abiertos diez casos administrativos en las últimas semanas; uno de ellos en San Antonio del Táchira, tres en Pedro María de Uñera y seis en San Cristóbal.
Los organismos dependientes del Gobierno Regional establecieron una alianza estratégica con los cuerpos de seguridad para impedir que muchachas entre 12 y 17 años salgan de manera ilícita del territorio venezolano por los puentes internacionales de San Antonio y Ureña.
No obstante, la gobernadora no desestima que los pasos ilegales conocidos como “las trochas”, sean utilizados para llevar a cabo las operaciones de varias redes de prostitución. En ese sentido, hizo un llamado a reforzar la seguridad migratoria en la entidad.
Dada las pesquisas que iniciaron los funcionarios de las instituciones regionales se pudo determinar que existen varios sectores vulnerables para el ataque de estas agrupaciones; siendo las escuelas, los sitios nocturnos y los hoteles clandestinos, los lugares escogidos para la captación de víctimas.
En tal sentido, agradeció la labor de los organismos de seguridad y del poder judicial, por la rápida acción en este ilícito, al tiempo que recordó que cuando de manera mancomunada se trabaja en función del colectivo, los objetivos se pueden lograr.
Modus Operandi
En torno al caso, especificó Laidy Gómez, las adolescentes son seducidas con ofertas engañosas de remuneración en divisas extranjeras. “Si el trabajo es prominente les pagan en pesos, pero si es eximido, en dólares”, explicó.
Todo esto ha sido resultado de la crítica situación social que atraviesa el país, por lo que las condiciones fronterizas del estado Táchira plantean el escenario perfecto para delitos relacionados con explotación sexual, pornografía, contrabando, entre otros.
Este aspecto es el que la mandataria del estado pretende mitigar con un trabajo mancomunado, y es por ello que anunció que tanto Intamujer, como Fundafamilia y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, servirán como receptores de denuncia para establecer un canal directo con la Fiscalía del Ministerio Público y los Tribunales de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.
Gómez exhorta que tanto docentes, como padres, representantes e incluso personas que tengan información al respecto, denuncien la asociación para delinquir en caso de abuso sexual de modo que los funcionarios regionales puedan actuar de manera efectiva.
“En la mayoría de los casos que hemos logrado impedir, las madres de las jóvenes se comunicaron con nosotros para informarnos que sus hijas fueron engañadas con ofertas de empleo en Colombia (…) la secretaría de Seguridad Ciudadana sometió a las adolescentes a procedimientos administrativos y sus padres debieron viajar desde diferentes estados del país para el Táchira a buscarlas”, comentó la máxima autoridad de la entidad.
Alcaldías deben activarse en defensa de niños y jóvenes
Uno de los principales problemas que notó el Ejecutivo Regional involucrado en esta investigación, es que las alcaldías del estado, no cumplen con los procesos de protección de niños y adolescentes, en parte, por el déficit presupuestario.
La gobernadora hizo un llamado a todos los alcaldes, principalmente a los de los municipios Ureña, Bolívar y García de Hevia (fronterizos), para que presenten proyectos por punto de cuenta para fortalecer la prevención de delitos que vulneren de manera tajante la integridad de los niños y adolescentes.
“Es necesario que nuestras alcaldías cuenten con equipos multidisciplinarios que trabajen de manera coordinada en la orientación e inspección de espacios altamente vulnerables para estos crímenes”, puntualizó la mandataria.
La principal irregularidad que presentan las alcaldías es que no tienen Consejos de Derechos y Defensorías que velen por el cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Niños (Lopna) y que trabajen en campañas educativas.
Alianzas con Gobierno Santadereano
El gobierno del estado Táchira intenta establecer comunicación institucional con el del Norte de Santander, en Colombia, para juntos iniciar una indagación exhaustiva que dé con los líderes de las bandas organizadas que se dedican a la comercialización de personas, en este caso, adolescentes.
Todo esto Laidy Gómez lo planteó por el hecho de que las víctimas de esta red de prostitución no solo son tachirenses, sino que son captadas en diferentes estados de Venezuela, lo que amplía la cantidad de individuos involucrados que usan este territorio como ruta para materializar el crimen.
Finalmente invitó a los padres a endurecer sus controles de supervisión para garantizar la seguridad de sus hijos, pese a la crisis social que atraviesa el país.
“Los padres tienen que cuidar y vigilar el destino de sus hijos, sobre todo en horario nocturno; sus amistades, sus obsequios y las ofertas engañosas que les hacen, porque esto los conduce a ser víctimas”.
Prensa DIRCI – Frenny Kelly Granado
