Dos funcionarios activos de la Policía del estado Táchira fueron privados de libertad este miércoles en horas de la tarde por efectivos adscritos a la Oficina de Control de Actuaciones Policiales (OCAP) y de la Oficina de Respuesta a las Desviaciones Policiales (ORDP) del mismo cuerpo policial, por estar involucrados en delitos tipificados en la Ley Contra la Extorsión.
Miguel Ángel Arias, director de Politáchira, señaló que la detención de estos funcionarios se practicó cumpliendo instrucciones del gobernador José Gregorio Vielma Mora, quien recibió múltiples denuncias por parte de la comunidad sobre presuntas irregularidades que éstos venían cometiendo.
Precisó que ambos funcionarios estaban destacados en el área de Investigaciones Penales, y eran los encargados de las diligencias administrativas referentes a las motocicletas que eran retenidas por desacato de sus conductores al Decreto 511.
“Según denuncias recibidas por parte de la misma comunidad, estos dos funcionarios, un Supervisor Jefe y un Oficial Agregado, cobraban grandes sumas de dinero por devolver las motocicletas por ´debajo de cuerda´ y no dejar registró de la retención”, acotó.
Enfatizó el jefe policial que ante esta acción extorsiva el ciudadano gobernador ordenó la investigación de los dos policías, cristalizando la detención de ambos este miércoles cerca de las seis de la tarde en la misma Comandancia General.
“Los dos fueron puestos a orden de la Fiscalía 23 del Ministerio Público, quienes se encargarán de iniciar las respectivas investigaciones y asignar responsabilidades a las que haya lugar”, apuntó.
Fortalecimiento del aparato disciplinario
Sostuvo Arias que con estas detenciones una vez más se pone a prueba la rigidez y eficacia del aparato disciplinario del cuerpo policial, pues argumentó que no permitirán ninguna clase de desviación en la labor policial en virtud que este tipo de acciones atentan contra la imagen de la Institución.
“Tenemos dos entes encargados de supervisar permanentemente la labor de los policías, como lo es la OCAP y la ORDP, y por órdenes precisas del ciudadano gobernador deben dar seguimiento a cualquier denuncia que la comunidad formule, como precisamente ocurrió con estos dos funcionarios”, destacó.
Recordó a todos los motorizados que la única sanción prevista por desacato al Decreto 511 es la retención de la motocicleta por 72 horas, y en caso de ser reincidente el doble de horas, por lo que pidió denunciar cualquier hecho extorsivo al que se vean sometidos por parte de algún funcionario policial. FIN/ José Bolívar. Fotos: Félix Pérez.
