Para el general José Morantes Torres, jefe de la Zona de Defensa Integral (Zodi) Táchira, “afirmaciones” por parte de algunos medios impresos a través de sus titulares sobre la Resolución 008610 “desvían el espíritu de la norma”.
El jefe militar rechazó la forma de titular por parte de algunos rotativos regionales y nacionales sobre la nueva normativa. “La idea no es violar los derechos humanos se trata de garantizarlos”.
Recordó y calificó varios de estos titulares de prensa como elementos que “distorsionan” el contenido de la decisión legal “Estamos frente a una sentencia de muerte. El Gobierno autorizó armas mortales para controlar protestas”. El derecho de la vida ha quedado suspendido”.
A juicio del funcionario hay ciudadanos que se dejan llevar por un titular. “Eso es lo que se vende y lo ven como una verdad que no es así”.
El objeto fundamental es regular la actuación de las FANB para garantizar el orden público, la paz social y la convivencia ciudadana en reuniones públicas y manifestaciones, indicó.
Para llevar adelante la misión se enumeran controles y disposiciones, antes, durante y después de las manifestaciones y alteraciones y a su vez, el establecimiento de los niveles de actuación de las fuerzas policiales y militares que deben cumplirse.
En tal sentido, agotada la capacidad de la Policía municipal, actúa la Policía regional, de ser rebazada, hace presencia la PNB y, en última instancia la FANB, representada en la GNB, cuyo componente “es el mejor preparado para controlar las alteraciones de orden público”.
“100 por ciento garantista”
El general Morantes Torres, manifestó que la resolución 008610, garantiza los derechos humanos.
Esta decisión legal “evita, controla, normatiza y disciplina el empleo de la fuerza por parte de la unidad que este ejerciendo funciones de orden público”.
Igualmente “castiga y establece responsabilidades, inicialmente disciplinarias de los funcionarios que se desvíen del espíritu de la norma, sin menoscabo de las responsabilidades a que fuera sometido desde el punto de vista penal, administrativo y civil”, precisó.
Tomando en consideración todos los aspectos, es de resaltar que es “100 por ciento garantista”. Establece las normas cuando hay un detenido para evitar que sean violados sus derechos humanos, refirió el vocero militar.
Dijo que se establecen los requisitos que debe tener un funcionario para actuar. “La salud mental, tres años de experiencia, renovación del entrenamiento y capacitación. Los mismos no deben arrebatar las pancartas de las personas que están protestando, no devolver los objetos con que están siendo atacados, entre otros”.
La decisión –además- vela por los derechos y garantías de las personas que participan en las reuniones públicas y manifestaciones, extensiva a la sociedad en general. “Se protege también a quienes estén haciendo vida cerca a los lugares donde haya alteración del orden público”.
“El grave problema es el terrorismo”
De acuerdo a lo expuesto por el jefe militar, la “intimidación psicológica” a la que son sometidas las personas que participan en las protestas, genera que en “cuestión de segundos protagonizan una violencia mortal y se traduce prácticamente en actuaciones de terrorismo, es allí donde está el grave problema”.
Dejó muy claro que las personas están amparadas por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la cual les da la posibilidad de manifestar “pacíficamente y sin armas” establecido en el artículo 68:
“Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a manifestar, pacíficamente y sin armas, sin otros requisitos que los que establezca la ley. Se prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas. La ley regulará la actuación de los cuerpos policiales y de seguridad en el control del orden público”.
El general Morantes Torres, declaró que frente a la mencionada resolución, “estamos muy claros y contestes. Muchos de estos aspectos ya la fuerza armada los ha venido practicando, concientizando, en función de las experiencias que hemos tenido, fundamentalmente cuando hacemos uso de la fuerza para el control de orden público cuando ya se ha desbordado”.
En la mañana de este martes, se llevó a cabo una reunión con rectores universitarios, donde se discutieron los alcances de la Resolución 008610 . En la oportunidad, el jefe de la Zodi Táchira, solicitó la celebración de mesas de debate con la participación de la comunidad universitaria donde “se disipen dudas”. FIN/Isabel Cárdenas. Foto: Archivo.
