Ascienden a 13 los detenidos durante los hechos del 12-F

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Un total de 13 personas detenidas y 17 funcionarios heridos, es el saldo final de los hechos del 12 de febrero en San Cristóbal, en los cuales se aprehendieron cuatro estudiantes universitarios (que aún no presentan carnet estudiantil), dos obreros de la construcción, un menor de edad y un teniente coronel en situación de retiro.

La información fue dada a conocer por el general José Morantes Torres, jefe de la Zona de Defensa Integral (Zodi), quien señaló que se desconocen mayores detalles de las personas privadas de libertad, en su mayoría detenidas por lanzar objetos contundentes durante la manifestación de este jueves, con piedras y otros implementos en su ropa y en morrales, por agredir a funcionarios y otros por alteración del orden público.

En cuanto a los heridos, señaló el general que desconocen el saldo de estudiantes o manifestantes lesionados, pero aseguró que del lado de los funcionarios resultaron 14 con heridas leves y una oficial femenina de Politáchira con fractura en el brazo, todos por golpes con objetos contundentes.

Informó el general Morantes Torres que la marcha inició de forma tranquila, normal y en paz, para entregar un pliego de peticiones a la Defensoría, y que por razones de protección a la Defensoría y a bienes privados y personas, se establecieron los cordones para cubrir, una primera línea de Politáchira, una segunda línea de PNB, y una tercera de la GNB en caso de que ambas policías fueran rebasadas por alteraciones del orden público.

Denunció el general que “desde adentro de la multitud dieron la voz de atacar, y comenzó una lluvia de piedras, palos, botellas y todo tipo de objetos sobre los efectivos, e incluso sobre los periodistas, lo cual muestra las intenciones de estos grupos radicales, desestabilizadores, que tenían una agenda oculta; unos dicen que venían infiltrados y se confundió todo, ni siquiera los convocantes de la marcha pudieron controlar la situación y admitieron que se les salió de las manos y que eso se convirtió en anarquía”.

Destacó Morantes Torres que el uso de la fuerza de los cuerpos de seguridad fue ordenado con respeto a los derechos humanos y que solo repelieron el brutal ataque de los manifestantes y lograron el despeje del área de manera correcta, sin necesidad de usar a la GNB, porque el trabajo lo hizo Politáchira en mayor parte.

Igualmente, denunció los destrozos en la avenida Carabobo, y otros focos de violencia generados en diversos puntos de la ciudad, con la presunción de que querían volver a instalarse en esos lugares donde estuvieron el año pasado.

El general mostró numerosas fotos tomadas de lo ocurrido este jueves, donde se observa a personas lanzando objetos, incluso ladrillos y materos desde edificios en la séptima avenida, y dijo que se decomisaron botellas para fabricar material explosivo, aceite quemado que se usa para lanzarlo en el pavimento, entre otras cosas, muchas de ellas que traían los manifestantes en sus bolsos.

Situación en la Unet

Con respecto a la situación presentada en la Unet, el general José Morantes Torres informó que conversó con el rector de esa institución, quien le manifestó que hubo un grupo de más de cien personas que rompieron las rejas, se metieron al recinto universitario por la fuerza, y no los pudieron controlar con la poca capacidad de seguridad que tienen allí.

Dijo Morantes Torres que de esas más de cien personas no identificadas, encapuchadas, se lograron desalojar a más de 50, pero el otro grupo se quedó y comenzó a agredir a las autoridades y a los funcionarios de seguridad de la universidad, y a lanzar objetos hacia el lugar donde se encuentran los efectivos de la Policía Nacional Bolivariana y fueron repelidos con el debido despliegue y respeto de los derechos humanos.

Denunció que en la ULA hubo otro foco de violencia, con personas encapuchadas que no se puede decir que son estudiantes, que se dedican incluso a parar los vehículos e intentar sacarles combustible para hacer bombas, a quienes se les aplicó un plan cerco que es supervisado para que los funcionarios no lleven armas de fuego. FIN/Con información de Diario La Nación