Zaida Urbina, consultora jurídica de la gobernación Bolivariana del estado Táchira reiteró que “somos los habitantes de San Cristóbal, quienes al final pagamos la tasa impositiva aplicada en la Ordenanza de Actividades Económicas aprobada por la municipalidad”.
Recordó la jurista que “el cobro impositivo a los sectores comercial e industrial del municipio, recae directamente sobre el consumidor, quien al adquirir un bien o un servicio, está pagando no solo el costo de ese bien, sino que está cancelando el altísimo impuesto aprobado en esa ordenanza por el Concejo Municipal local y la Alcaldía”.
Aseguró por otra parte que el gobierno local está opuesto a “que se le de un descuento a quienes cancelan puntualmente sus impuestos a la municipalidad”.
-Por el contrario-señaló-, la Alcaldía ha propuesto una nueva tabla contraviniendo las alícuotas que ya han sido discutidas en el seno del concejo junto con el sector empresarial del municipio.
“Algunos empresarios han manifestado que en el 2014 pagaron impuesto por actividades económicas de 40 mil bolívares y ahora han debido cancelar por la declaración estimada, la suma de 400 mil bolívares, con lo cual a partir de enero de 2016 se puede traducir a 500, 600 o 700 mil bolívares porque este es un impuesto que se grava sobre la base de los ingresos brutos que percibe el sector empresarial del municipio”.
La consultora jurídica del ejecutivo regional destacó finalmente la posición del gobernador José Gregorio Vielma Mora en el sentido de apoyar al sector empresarial local en relación a su protesta y el manifiesto malestar existente por la aplicación de la citada disposición municipal.
San Cristóbal necesita atención del gobierno municipal
Luis Eduardo Díaz, director de Política del gobierno estadal, por su parte hizo saber la decisión del gobernador en el sentido de continuar respaldando las aspiraciones del sector empresarial y de quienes cumplen actividades económicas en el municipio.
-San Cristóbal necesita atención del gobierno municipal-, sentenció-. Necesita inversión pública y sobre todo mantenimiento en todas sus áreas y en su vialidad, lo cual estamos asumiendo nosotros como gobierno regional, a pesar de que esa no es nuestra competencia.
“La situación que pretende mantener la alcaldesa al no tomar decisión alguna en relación a la promulgación de las ordenanzas municipales, ya que quieren imponer las alícuotas y las tasas ya referidas para el año 2016, no es otra cosa que demostrar negligencia y falta de interés por los sectores del municipio San Cristóbal”, aseveró Díaz.
Al final el director de política del gobierno estadal insistió en que “ante la negativa de la autoridad municipal en torno al tema impositivo, el gobernador solicitará la nulidad de la ordenanza ante los tribunales”. Teresa Márquez Soto/Fotos: José Ramírez.
