El Procurador General del Táchira, Julio César Hernández aseguró este martes que la gobernadora Laidy Gómez, a través de las Actas Convenio suscritas con las organizaciones sindicales, ha venido mejorando las condiciones socio económicas de todos los trabajadores de la administración regional, tanto en el área administrativa como bedeles y entes descentralizados.
En este sentido Hernández resaltó el esfuerzo que realiza la gobernadora Laidy Gómez y su equipo regional, cuyas acciones se han dirigido a fortalecer los complementos salariales, debido a la permanente devaluación del bolívar, producto a la inflación incontrolada que ha afectado el poder adquisitivo de los funcionarios.
Dijo que la Gobernación del estado Táchira hace posible que el trabajo dentro de su institución, nuevamente sea atractivo para la gente y que logre competir con el sector privado, y frene la diáspora de funcionarios venezolanos que buscan otros destinos.
Indicó que con las Actas Convenio firmadas con las organizaciones sindicales de la Gobernación, se mejoraron una serie de conceptos económicos y que para el momento de la llegada de la gobernadora Laidy Gómez, las mismas estaban en un nivel irreal.
Explicó el funcionario que las tres primas que son fundamentales para no afectar el sueldo de los trabajadores se refieren a la prima del transporte, de profesionalización y de antigüedad.
Por ello recordó que la prima de transporte, cuando asumió la Gobernadora Gómez, estaba en 500 bolívares y la misma se elevó a 3 millones colocándola a un sueldo mínimo, la cual contó con la aprobación de las organizaciones sindicales.
Hoy en día –expresó el Procurador- con el tema de la reconversión, el Bono de Transporte para los trabajadores del ejecutivo regional queda en mil 800 bolívares, en una medida propia de “inspiración social demócrata y propia de un Gobierno que se preocupa también por la estabilidad y el bienestar de sus trabajadores”.
Indicó Hernández que esa es parte de la lucha de la mandataria regional en Caracas, en la búsqueda de los recursos para que a tiempo, se logre el mejoramiento de las condiciones laborales de todos trabajadores del ejecutivo regional.
Dijo que el Ejecutivo regional quisiera llevar adelante una convención colectiva porque es un mecanismo idóneo para mejorar condiciones económicas, sociales, educativas y culturales, no obstante, las condiciones presupuestarias y legales no están dadas en este momento ni para las organizaciones sindicales ni para la misma Gobernación.
En ese sentido advirtió que en la Constitución Nacional existe un principio de Legalidad Presupuestaria, en el cual todos los gastos tienen que estar previstos en una Ley de Presupuesto y lo que no está contemplado “pues no se puede hacer”.
Con la reconversión monetaria –añadió-, el bolívar soberano nuevamente ha venido experimentando un proceso de devaluación y es imposible el establecer cláusulas estables porque lo que hoy vale un precio mañana tiene otro costo.
En tal sentido reiteró que la implementación de las Actas Convenio, recoge la dinámica económica que se presenta en el país en función de no perjudicar el bolsillo de los trabajadores, quienes tendrán mayor seguridad, tranquilidad y a su vez, se garantizará la permanencia del personal dentro de la institución.
Prensa DIRCI – Gladys Roche
