La gobernadora del estado Táchira, Laidy Gómez rechazó el ataque del que fue víctima la población en la entidad andina durante los días 23 y 24 de febrero por parte de funcionarios de seguridad y civiles armados, quienes actuaron con mayor énfasis en San Antonio y Ureña.
Ante la vil acción envió un mensaje a quienes se dicen ser defensores del territorio venezolano, “la patria no se defiende quemando la comida, atentando contra los medios de comunicación y menos a los centros de salud privada. La verdadera traición a la patria es quemarle la comida a un pueblo desnutrido, negarle la medicina a un paciente renal que se está muriendo, quemando los medicamentos a pacientes con cáncer”.
Lamentó que la reacción ante la ayuda humanitaria fuera el ataque desmedido a los ciudadanos que sin armas, bandera en mano y consignas intentaron pasar las cajas de medicamentos que significan una esperanza de vida para los pacientes crónicos, al igual que las cajas de alimentos.
Gobierno regional defendió la vida de los tachirenses
Sobre la atención del Ejecutivo regional, la mandataria fue explicita al ratificar que su gestión actuó de manera responsable brindando atención médica con la presencia de 200 funcionarios que fueron desplegados para asistir a los ciudadanos en la frontera este sábado 23 de febrero.
Indicó que a través del trabajo mancomunado entre Protección Civil, la Corporación de Salud y personal de salud voluntarios desplegados en los municipios fronterizos se atendieron a más de 200 tachirenses, de los cuales 143 recibieron heridas con armas de fuego.
La primera autoridad aplaudió el despliegue de 125 voluntarios de salud en el municipio Pedro María Ureña, apostados en cinco puntos importantes que permitieron salvaguardar la vida del pueblo que marchó para exigir el ingreso de la ayuda humanitaria, lo que deja al estado Táchira sin fallecidos que reportar.
En presencia de los medios, la gobernadora relató que ocho tachirenses recibieron heridas de gravedad, pero gracias al trabajo del personal médico apostado en Ureña, San Antonio, Capacho y Junín, que los atendió de manera oportuna, se encuentran fuera de peligro en las instalaciones del Hospital Central de San Cristóbal.
Por ello ratificó que como Ejecutivo regional tiene la obligación de preservar la vida, “como lo hicimos con todos los tachirenses y venezolanos que ingresaron heridos por la situación de violencia y amedrentamiento. Lo hicimos sin miramientos políticos”.
Rechazó el ataque a los centros de salud privados en la frontera, a los ciudadanos indefensos que marcharon recibiendo ataques por funcionarios de seguridad y civiles armados; al igual que el amedrentamiento a los periodistas desplegados en el territorio fronterizo que fueron víctimas de la violencia destacando la agresión a Manuel Cardozo, periodista de Ecos del Torbes, Maryné Glod y Orlando Uribe, corresponsales de Venevisión en la entidad andina.
Añadió que los ataques en contra de toda la población no fue solo por parte de funcionarios de los cuerpos de seguridad, sino de civiles armados que estuvieron actuando bajo la mirada complaciente de los mismos, que se suponen deben defender a los ciudadanos.
Suspensión de actividades académicas en Ureña y San Antonio
Laidy Gómez anunció el cese de actividades académicas en los municipios fronterizos Pedro María Ureña y Bolívar para salvaguardar la vida de los docentes y niños que asisten a los centros educativos.
“A razón del alojamiento de civiles armados en las escuela nacionales, a razón de la violencia y ataque a la población y la ausencia de transporte, he decidido suspender actividades en las escuelas estadales de Pedro María Ureña y Bolívar. No voy a ser parte de esa acción visceral que expone la vida de mis niños y docentes”, dijo.
En referencia a esa decisión indicó que en 24 horas se determinará si se reanudan las clases en tan importante sector del estado.
“Expusieron a la población entregando chalecos naranjas”
La primera mandataria denunció que en San Antonio los ciudadanos fueron engañados por inescrupulosos que expusieron sus vidas a un peligro inminente al entregar chalecos con el logo de Protección Civil, pues solo los funcionarios adscritos al ente de atención primaria tienen los permisos de portar los uniformes.
En este sentido indicó que no se puede pensar que lo hicieron de buena fe, pues se desconocía la intención última de uniformar a cualquiera con el logo de un ente que solo está presto a defender a la población, “quien hizo esto expuso la vida de los ciudadanos”.
Reabrir puentes para buscar comida y medicamentos
La gobernadora exigió que se abran los pasos peatonales en los puentes que comunica al Táchira con el Norte de Santander, porque los tachirenses dependen de la comida y medicamentos que se compra en Cúcuta, además que se está vulnerando el derecho a la educación de los cinco mil niños que cruzan la línea limítrofe a diario.
“La frontera se debe abrir de manera inmediata para que los tachirenses puedan ir a comprar su comida y los pacientes compren sus medicamentos. La vida de muchos depende de la adquisición de insumos que son el oxígeno de vida”, expresó.
Táchira no puede seguir siendo castigada
Sobre la problemática de combustible en Táchira, Laidy Gómez fue clara al exigir que se deje de castigar a un estado que, al igual que todo el país, exige un cambio. “No se ensañen con nosotros, no somos solo los tachirenses los que rechazan esta situación, es toda Venezuela. Exigimos combustible para que la ciudadanía pueda trabajar y cumplir con el rol que le corresponde”.
Prensa DIRCI – Marian Torres
