La gobernadora del Táchira Laidy Gómez sostuvo una reunión con representantes del gremio de enfermería en la entidad a fin de escuchar sus planteamientos y preocupaciones en torno al incremento de los casos de COVID-19 en el estado y de esta manera buscar soluciones que satisfagan sus necesidades básicas para hacer frente a la pandemia, como la dotación de material y equipos de bioseguridad.
En este sentido, la mandataria regional informó que la Cruz Roja Internacional hizo entrega de más de 15 mil unidades de tapabocas al Hospital Centinela, “lo que permitirá solventar la carencia de insumos primarios de bioseguridad y protección destinados no solo para los médicos sino también para los profesionales de la enfermería, camilleros, vigilantes y personal activo que se encuentra cumpliendo otras funciones en el primer centro asistencial del Táchira”.
Esta dotación de la Cruz Roja Internacional – explicó- alcanzará para unas cuatro semanas, por lo cual “pedimos que los protocolos del Ministerio de Salud, que regulan la asignación de insumos a los servicios asistenciales se manejen con criterios de necesidad real y no desde el individualismo de algunas personas que no entienden como se manejan esas áreas, esto a propósito de la intervención que tienen los depósitos del Hospital Central desde hace unos 4 meses por orden del ministerio que viene obstaculizando la entrega de insumos”.
Respeto a los derechos de los funcionarios
Para la gobernadora Laidy Gómez el respeto a las libertades, al trabajo y a los derechos fundamentales es primordial por lo que manifestó que “el ejecutivo regional no puede manejar los criterios de arbitrariedad que se han observado en los hospitales del estado Lara y del estado Zulia donde el personal médico es amenazado y criminalizado, en primer lugar porque somos un gobierno democrático, que respeta las libertades y no podemos utilizar la represión dentro de los recintos hospitalarios que mantienen las puertas abiertas para poder brindar asistencia al personal”.
Estamos frente a una situación muy difícil – afirmó- donde todos somos necesarios y el personal de la salud es prácticamente el protagonista que está salvando vidas en medio de esta dificultad, “es por eso que les hago un llamado para que frente a este momento de desesperanza, de angustia y de mucho temor, pongamos todo de nuestra parte para seguir brindando con compromiso vocacional y ciudadano atención a la ciudadanía”.
“No vamos a avalar desde la gobernación del Táchira ningún tipo de arbitrariedad o imposición que pretenda generar persecución a los funcionarios que lo están dando todo por la vida de los tachirenses”, enfatizó Laidy Gómez.
Pacientes COVID-19 en HC
Por otra parte, la gobernadora tachirense señaló que en el área de aislamiento del primer centro asistencial de la entidad se encuentran recluidos 13 pacientes, 9 de ellos confirmados positivos y 4 están a la espera de resultados de las pruebas PCR.
A raíz de la fuerte alarma que ha generado – continúo- las especulaciones sobre la existencia de contagios dentro del personal de salud de Hospital Central de SC, es importante aclarar que de los 13 casos que se encuentran allí, 4 corresponden a funcionarios de la salud, un trabajador del IVSS que no se contagió en HCSC, un empleado del área administrativa de Corposalud que tampoco contrajo el virus en el centro asistencial, una funcionaria del área de farmacia que según los nexos epidemiológicos se contagió por contacto en otro lugar ajeno a la institución hospitalaria y un cuarto paciente al que se le está haciendo el estudio epidemiológico para determinar cuál fue la fuente de contagio.
“Es necesario que la colectividad conozca que los casos reportados hasta el momento en el Hospital Central son comunitarios, es decir, que se produjeron fuera del centro hospitalario, por lo que la institución está cumpliendo con su labor de recibir a todas aquellas personas que llegan contagiadas para aplicar los protocolos respectivos en el área de aislamiento”, aseguró Gómez.
Combustible para el personal de la salud
En relación con las restricciones que tiene el personal de la salud para surtir de combustible sus vehículos, la primera autoridad de la entidad denunció que de 1.300 funcionarios que tiene el HCSC solo 50 tienen acceso al servicio diariamente, es decir, que el tiempo para volver a poner gasolina se extiende de 3 semanas a un mes.
En consecuencia –agregó- un funcionario que pueda comprar 20 o 30 litro al mes no va tener capacidad para movilizarse y mucho menos si vive lejos de la ciudad para llegar a su trabajo, “muchas veces el personal debe trasladarse caminando y a pesar de que hemos dispuesto unas rutas de transporte, las mismas se hacen insuficientes para cubrir la demanda de movilidad”.
“Tenemos un alta presencia de personal con vocación de servicio y compromiso pero con este tipo de restricciones es imposible que los trabajadores de la salud puedan llegar a cumplir con su labor en beneficio de la colectividad”, argumentó Laidy Gómez.
Sonia Maldonado – Prensa DIRCI.
