Con el propósito de hacer justicia social con los hombres y mujeres que trabajaron en el Ejecutivo regional, el Procurador General de la Gobernación del Tachira, Félix Roque, informó que se estudia con detenimiento los casos de jubilados, pensionados, discapacitados y sobrevivientes de la administración pública, tanto centralizada como de entes auxiliares para reivindicar sus derechos.
Dijo que la administración pasada, durante los cuatro años, no hizo nada al respecto, “existe un grupo de personas que requerían hacer valer sus derechos como trabajadores de la administración pública, bien sea porque cumplieron el período de servicio o tenían la edad cumplida para ser sujetos activos de estos derechos, no fueron tomados en cuenta”.
La autoridad del estado, señaló que el último censo que se contabilizó para saber cuántas personas tenían derecho a ser jubilados, data del 2018, fecha “desde la cual no se censa y menos se entregaba su fe de vida, requisito que se usa como instrumento para garantizar hacer efectivo el cobro, ante la banca pública o privada”.
Desidia administrativa
Ante esta desidia administrativa hecha por la gestión anterior, dijo que con sólo tres semanas de trabajo de un conglomerado de 5 mil 50 hombres y mujeres con derecho a ser jubilados, ya se ha procesado 4 mil 20 personas.
Roque detalló que en el censo incluye a los jubilados normales y ordinarios, al igual se tomó en cuenta las personas que presentando alguna enfermedad, no pudieron venir, pero autorizaron a sus familiares.
También forma parte de este conglomerado las personas que están fuera del país, dijo que únicamente se pidió a través de las nuevas tecnologías unos requisitos que verificar su estatus.
Cumpliendo con la fuerza trabajadora
Para agilizar el proceso señaló que el equipo de la Dirección de Talento Humano de la Gobernación del Estado Táchira, está organizando la data respectiva para continuar el proceso de cancelación de las pensiones.
Refirió que hay cerca de 542 hombres y mujeres con derecho a jubilación que la pasada administración no jubiló, entre ellos obreros regidos por la contratación colectiva.
Además existen 270 discapacitados y el resto personal administrativo que ya cumplió su actividad laboral y ya tienen derecho a la pensión de jubilación.
El procurador Félix Roque concluyó que la Dirección de Talento Humano trabaja en los baremos respectivos para entregarle al gobernador Freddy Bernal una propuesta de manera conjunta con la Tesorería de la Seguridad Social Nacional para “reivindicar los derechos de estos hombres y mujeres que prestaron un servicio al estado Táchira”.// Rocío René González. Prensa @gobernaciondeltachira
