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En inspección efectuada por los diferentes puestos de control apostados a lo largo y ancho de la Troncal 005, Mirian Febres, Secretaria General de Gobierno constató la efectividad del operativo Carnavales Seguros 2017 en la entidad tachirense.

“En primer lugar queremos agradecer a todos los componentes y a sus funcionarios que salieron a la calle a prevenir y a proteger a cada uno de nuestros ciudadanos”, afirmó Febres.

De igual manera señaló que se hizo algunos llamados de atención debido a varias denuncias recibidas, “los efectivos tienen que estar claros que su función es el resguardo de los ciudadanos, no aprovechar el momento, ante alguna infracción del conductor, para obtener algún beneficio”.

En el marco de la realización de la edición Nº 16 del Festival Náutico en municipio Fernández Feo, Febres aseguró que la intención es brindar un acompañamiento no sólo a quienes participan en esta actividad  sino a todos los ciudadanos que se trasladan por las diferentes vías del estado durante estos días de asueto, en marco del gran operativo Carnavales Seguros 2017.  

 “El llamado es a tomar las medidas de prevención al manejar, utilizar el cinturón de seguridad, no ingerir bebidas alcohólicas, respetar a las autoridades y cumplir con lo establecido en la ley, a fin de evitar accidentes o situaciones que pongan en riesgo a quienes decidieron disfrutar los carnavales fuera de sus hogares y se enlute alguna familia tachirense”, aseveró Mirian Febres.   FIN/Sonia Maldonado FOTOS/  Doris Hernández

Alerta roja se activó este jueves ante Interpol a fin de localizar y aprehender al juez Diego Molina, prófugo de la justicia venezolana y cómplice de una jueza y el consultor jurídico del siquiátrico de Peribeca en la liberación de un narcotraficante condenado a 19 años de presidio.

 “A través de este medio hago público el último avance en las investigaciones que adelantan los cuerpos de seguridad del Estado sobre el caso de la jueza B. Araujo, el consultor jurídico del siquiátrico de Peribeca, José Galindo y el ciudadano Diego Molina, implicados en la liberación del ciudadano William Suárez por tráfico de drogas y asociación para delinquir”, dijo el mandatario en declaraciones a emisoras del Táchira, la mañana de este jueves 23 de febrero.

Rememoró que William David Suárez Colmenares fue condenado el 11 de agosto de 2015 a 19 años de prisión por posesión de 27 kilogramos de droga, por el tribunal 1 de Control.

-Pero el 15 de diciembre de 2016-recalcó-, la juez III B. Araujo suspende la pena por supuesto estado de locura del recluso, ordenando su traslado al hospital siquiátrico de Peribeca, sin notificar de su decisión al Ministerio Público, para lo cual contó con la complicidad del consultor jurídico del siquiátrico y del juez II de juicio Diego Molina, quien era además profesor en una ilustre universidad tachirense en materia de derecho y se encuentra en condición de prófugo.

“Su participación en el caso lo establece el hecho de que decretó el 17 de febrero de 2017, la medida cautelar contra el director del Centro Penitenciario de Occidente (Santa Ana del Táchira), y ordenó el traslado del penado al tribunal”, sostuvo el gobernador Vielma Mora.

-Este juez-prosiguió-, usó su investidura para materializar el traslado del penado al siquiátrico de Peribeca el 20 de febrero de 2017, con apoyo del abogado José Galindo, consultor jurídico de esa institución sanitaria, y quien actualmente está recluido junto con la jueza B. Araujo en la sede del Zonal 21 de la Guardia Nacional Bolivariana.

“El 20 de febrero de 2017 a las 8 de la noche, el Director del CPO Jesús Márquez sigue instrucciones de la Ministra Iris Varela y acude al centro psiquiátrico con el fin de constatar la presencia del recluso, encontrando resistencia del consultor jurídico, abogado José Galindo. Posteriormente una comisión de la GNB ingresa al centro siquiátrico usando la fuerza para constatar la ausencia del penado en ese recinto”, recalcó Vielma Mora.

-El 21 de febrero se ordena la detención para el abogado José Galindo, Jesús Márquez director del CPO y Belkis Araujo, jueza III, actualmente retenidos en el comando del Zonal 21 de la GNB. Aclaro, todas estas acciones las realizaron los implicados sin consentimiento ni presencia del Ministerio Público-, reiteró el gobernador tachirense.

“Seguimos luchando contra este flagelo del narcotráfico, estrategia sembrada por el imperio norteamericano para destruir nuestros pueblos, destruir nuestra juventud, nuestra economía y trabajo. Reitero, trabajamos incansablemente para que se haga justicia”, reafirmó.

Enfatizó el gobernador bolivariano del Táchira que “no permitiremos que traidores a la Patria usen la investidura del Estado para mantener Impunes los crímenes contra nuestro pueblo, contra nuestros ciudadanos y contra nuestros jóvenes”. Teresa Márquez Soto

El gobernador bolivariano del Táchira José Gregorio Vielma Mora amplió este jueves información sobre la detención de la jueza tercera de ejecución Belkis Araujo y el consultor jurídico del psiquiátrico de Peribeca por confabulación para liberar a un traficante de droga que fue condenado a 19 años de presidio en agosto de 2014.

-El 6 de agosto de 2014- recordó el mandatario-, fue detenido en la alcabala de Peracal William David Colmenares, con 27 kilos de droga entre cocaína y marihuana. El día 7 de agosto de 2014, el tribunal primero de San Antonio declara la privación de libertad, el 8 de diciembre de 2015, el detenido admitió los hechos por tener 27 kilos de droga, cocaína y marihuana en un vehículo que conducía y por ello le dictan 19 años de presidio.

“Pero el 3 de agosto de 2016 la doctora Belkis Araujo,  jueza tercera de ejecución, a quien  en este momento la tenemos privada de libertad en el Zonal 21 de la GNB, como no la conseguimos en su vivienda lamentablemente, esperamos que llegara al tribunal y ahí la policía la detuvo”, reiteró.

-La doctora Belkis Araujo- prosiguió el gobernador-, el 3 de agosto de 2016 revisó todo el caso y ahí empieza a maniobrar para que le admitan que el detenido está loco y tiene problemas psiquiátricos, alegando que eso le podía llevar al suicidio, a atentar contra su vida y como en el CICPC no hay las condiciones para tenerlo entonces pidió en forma diligente al consultor jurídico del psiquiátrico de Peribeca, todas las diligencias de rigor, buscó exámenes psiquiátricos, habló con todos los médicos y se comportó como un verdadero capo de la mafia para asegurar que este criminal tenía problemas mentales.

Señaló que “así como la jueza está detenida, también el doctor Gandica permanece privado de libertad en el Zonal 21. Eso por fingir un desequilibrio mental de un criminal que debía tener cadena perpetua por transportar droga, pero en Venezuela no existe tal condena”.

“Gandica habló con la defensora pública quien negó ese derecho y el 3 de agosto de 2016, la doctora Araujo, decreta la suspensión de la pena y ordena la reclusión en un centro psiquiátrico, dictaminando el 15 de diciembre de 20167 que sea trasladado del CPO del Táchira al psiquiátrico de Peribeca. El doctor Jesús Márquez, jefe del CPO niega eso. Pero hay algo más grave de la doctora Araujo, y es que decreta la suspensión de la pena sin notificar a la Fiscalía del Ministerio Público instancia que debe apelar tal decisión”, sentenció el primer magistrado regional.

-Comenzó el receso judicial de diciembre- apuntó Vielma Mora-, y el doctor Diego Molina juez penal ordenó la ejecución vía amparo de ejecución de esa medida, cayendo en desacato a una decisión judicial porque se le negó el traslado. Y él como todo un bandido y un criminal iba a meter presos a los guardias nacionales porque se negaron al traslado. El doctor Diego Molina está en este momento huyendo.

“Cuando el tribunal se enteró de la decisión, acudió al psiquiátrico donde debía estar William David Colmenares, pero obviamente no estaba, el doctor Gandica lo defendió a capa y espada hasta que entró la autoridad y al no encontrarlo en el recinto psiquiátrico, apareció como por arte de magia en la policlínica Táchira a la 1 de la mañana diciendo que tenía trastornos y aún permanece en esa clínica, pero está bajo custodia de la Guardia Nacional Bolivariana. Continuaremos la investigación del caso que está en pleno proceso”, concluyó. Teresa Márquez Soto/ Fotos: Gabriela Pernía. 

Efectivos del  Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC), detuvieron este martes a cinco ciudadanos relacionados con el robo de la camioneta, Grand Vitara Suzuki, de la abogada Doris Ramírez de 54 años de edad.

 La camioneta robada el pasado martes 21 de febrero en horas de la mañana, fue recuperada en el puesto de control fronterizo “Peracal” tiempo después que fuera despojada de su propietaria.

Así lo dio a conocer el gobernador del estado Táchira, José Gregorio Vielma Mora, este miércoles en rueda de prensa, donde además aclaró que en ningún momento ocurrió un secuestro exprés como fue reflejado en diversos medios de comunicación y redes sociales, “ ya que para que sea denominado secuestro exprés  la persona retenida paga un dinero de manera automática”.

“En el Táchira continuamos con cero secuestros, y la  doctora Doris Ramírez, fue una mujer valiente, ya que el día de ayer le retuvieron su vehículo para ser trasladado del estado hacia el vecino país, pero la pronta acción del CICPC,  logró realizar un bloque de cierre en Peracal e incautarla a tiempo”.   

Además, acotó que en los últimos procedimientos de la Policía del Táchira y el CICPC se han recuperado 129 vehículos provenientes no solo del Táchira sino de Barinas, Cojedes y otros estados con destino a Colombia debido a que este es el nuevo modus operandi de entregar vehículos al vecino país y recibir sustancias ilícitas como forma de pago.

Asimismo, el primer mandatario regional se refirió a la nota de prensa publicada por un medio de circulación regional titulada: “Nos llama la atención el silencio que guardan sobre captura de 2 oficiales de PoliTáchira con droga”, emitida por el dirigente social Asdrúbal Ortiz, a quien le respondió que “el gobierno bolivariano no está ocultando nada, porque ya tenemos los dos policías capturados ubicados en el centro de reclusión de San Antonio del Táchira”.

Continúo que este procedimiento fue una acción conjunta entre la Policía del estado y la Guardia Nacional Bolivariana, realizada en Peracal donde los funcionarios llevaban sustancias psicotrópicas en los tacones de calzado para damas.

Los funcionarios detenidos quedaron identificados como Mojica Kleiver de 26 años y Estupiñan Richard de 23 años de edad.

Otros procedimientos    

En otro procedimiento resaltó la detención de un ciudadano por tráfico de sustancias psicotrópicas en el sector El Paraíso del municipio Ayacucho, identificado como Ochoa Ramírez José Gustavo, de 28 años de edad, quien portaba una camioneta Caribe 442 cargada con siete envases tipo pimpinas y en su interior contenían 168 panelas de presunta droga, marihuana.

Señaló Vielma Mora, que en tan solo 21 días el CICPC ha desmantelado seis peligrosas bandas delictivas con armamento, dedicadas sobre todo al robo de vehículos y motocicletas donde operan en los estados Cojedes, Carabobo y Barinas.

Las bandas desmanteladas responden a los nombres de, “Banda los Finqueros”, donde resultaron detenidos tres ciudadanos, “Grupo Delictivo Los Segovias”, con cuatro personas detenidas, “Los Polipiratas”, dos ciudadanos detenidos, “Grupo Delictivo Panini”, cuya banda fue la responsable del homicidio de la profesora Gilmar Márquez, hecho que estremeció al Táchira.

“Otras de las bandas son “Grupo Delictivo Pata de Perro”, responsables de la muerte del Guardia Nacional, hecho ocurrido días atrás por el robo de su equipo celular, “Banda los Zurdos” y “Banda los Corsarios”, dedicados al hurto de vehículos”, puntualizó. Fin/ Yimayri Moreno/ Fotos: Gabriela Pernía. 

Una serie de mesas de trabajo dirigidas a fortalecer los lineamientos y políticas de seguridad y paz en las comunidades, realizaron los diferentes cuerpos de seguridad del estado en los municipios Ayacucho, Tórbes, Cárdenas y San Cristóbal.

Ramón Cabeza, Comisionado de Seguridad Ciudadana del gobierno del Táchira, informó que estos encuentros buscan avanzar en la activación de las zonas y los cuadrantes de paz.

“En este sentido, durante los próximos días estaremos dando continuidad a la programación diseñada que incluye, además del municipio San Cristóbal,  otras importantes jurisdicciones de  la entidad tachirense, donde los organismos de seguridad del estado y el Poder Popular organizado, UBCH, CLP, consejos comunales y entes públicos continuaremos generando propuestas positivas para el fortalecimiento de las acciones de seguridad ciudadana”, afirmó Cabeza.

Positivo balance de seguridad del mes de febrero

En cuanto a los resultados de las acciones desplegadas por los cuerpos de seguridad del estado durante el mes de febrero, el comisionado de seguridad ciudadana del gobierno del Táchira destacó el desmantelamiento de 26 bandas delictivas así como la detención de 241 personas por diferentes delitos y 22 ciudadanos implicados en casos de homicidios.

“Se han registrado en el estado 15 fallecidos, 14 casos por  homicidio, la mayoría de ellos focalizados en el municipio Ayacucho, los cuales han descendido en comparación a los registrados en el mes de enero y finales del mes de diciembre del 2016, se podría decir que la cifra ha disminuido en un 90% en esa jurisdicción, mientras que se han producido otros casos en el municipio Independencia, Pedro María Ureña, Panamericano, Michelena y San Cristóbal”, aseguró Ramón Cabeza.

Esto significa- aseguró el funcionario- que indudablemente se ha registrado un descenso en los homicidios y se debe principalmente al trabajo policial que se ha venido realizando, el cual se pone de manifiesto a través de las estadísticas que se manejan.

Explicó que la mayoría de los casos de homicidios que se han presentado en esos municipios se deben a ajustes de cuentas, uno se encuentra por determinar, 2 fallecimientos por robo, entre otros hechos de manera accidental, sicariato y un linchamiento.

En relación al indicador de robo y hurto, Cabeza indicó que continúan localizándose algunos casos en el municipio San Cristóbal, jurisdicción que presenta el porcentaje más elevado en comparación al resto de los municipios, “sin embargo existe un descenso en comparación al mes de enero, recordemos que durante ese mes se celebró la Feria Internacional de San Sebastián y que de una manera u otra se dispararon los indicadores”.

Afirmó que hasta la fecha han sido incautadas en la ciudad capital 9 de armas de fuego.

De igual manera Ramón Cabeza informó que en materia de tránsito terrestre se han registrado 5 mil 533 casos de sanciones administrativas, 87 accidentes simples, 16 con 22  lesionados y un total de 10 fallecidos.

Finalmente el comisionado de seguridad ciudadana manifestó que el balance general del mes de febrero muestra cifras positivas, que destacan el trabajo efectivo de la Misión A Toda Vida Venezuela, del Plan Patria Segura y de las líneas de acción que han impartido el Presidente de la República y el Gobernador del estado para el fortalecimiento de la seguridad y la paz ciudadana.  FIN/Sonia Maldonado FOTOS/ DIRCI